La reunión de la Comisión de Seguridad del Pacto de Cañada, que se celebrará el viernes 26 de enero, adquiere una especial relevancia para el Ayuntamiento de Rivas, dado el efecto llamada que se está generando en la zona.
En las últimas semanas, la Policía Local de Rivas ha intensificado el levantamiento de expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas y vertidos ilegales en los sectores 4 y 5 de la Cañada Real.
El concejal ripense de Seguridad Ciudadana, Rubén Tadeo, exige a la Delegación de Gobierno que adopte un plan de seguridad con el que hacer frente a un preocupante fenómeno que pone en riesgo una solución efectiva para la Cañada.
Tadeo ha manifestado que Rivas denunciará ante la Comisión Seguridad que el asfaltado del tramo de Cañada que pasa por el término municipal de Rivas, realizado por la Comunidad de Madrid en diciembre, facilita el tránsito de camiones y la consolidación de actos delictivos. «Han creado una ‘autopista’ que da mayores facilidades a quienes pretenden delinquir», explica.
«Nos preocupa que se olviden los términos del Pacto Regional por la Cañada Real que hemos firmado todas las administraciones afectadas. Porque en el acuerdo se fija el realojo de la mayoría de las familias, que ahora residen en el poblado ilegal, con el fin de asegurarles viviendas más dignas y acabar con situaciones de riesgo para sus vidas derivadas de las afecciones de los terrenos sobre los que se levantan sus casas: tendidos de alta tensión, zonas inundables, proximidad a la M-50, etc», reclama el edil de Seguridad Ciudadana de Rivas.
MEDIDAS URGENTES
«Las decisiones que se están adoptando, pese a que entiendo que parten de la buena fe, consolidan movimientos especulativos vinculados a la venta de parcelas y el efecto llamada, potenciando la cronificación de las situaciones de miseria que viven», reflexiona Pedro del Cura, alcalde de Rivas.
El regidor ripense se refiere a la inversión prevista por parte de la Comunidad de Madrid, en obras de mejora de los accesos, de las redes de canalización del agua o la instalación de tendidos eléctricos normalizados.
«Si todo ese dinero que se está gastando la Comunidad se invirtiera en acelerar los realojos, se facilitaría el tránsito de miles de familias, que ahora malviven en la Cañada, a viviendas dignas en otro lugar mejor», afirma Del Cura.
Y prosigue: «Por el contrario, las labores de acondicionar la Cañada alejan el cumplimiento del Pacto que ratificamos todas las instituciones implicadas y que, tal y como señala su texto, tras ejecutarse debe tener como resultado el desmantelamiento de la mayoría de las construcciones existentes», finaliza.
Hay que recordar que el pasado 20 de diciembre, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, acudió a Rivas para presenciar el inicio del asfaltado de uno de los caminos que atraviesan los sectores 4 y 5 de la Cañada.
