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Querella por prevaricación del Ayuntamiento de Madrid

El Gobierno de Ana Botella falsificó documentos para exigir el pago de una deuda que no existía sobre el uso de Valdemingómez. Un informe pericial avala la tesis ripense.

Querella por prevaricación del Ayuntamiento de Madrid

Rivas ha presentado una querella contra un funcionario del Ayuntamiento de Madrid por irregularidades en la documentación pública que la capital alega para reclamar a la localidad ripense una deuda sobre el uso de Valdemingómez.

Estos serían los hechos: Madrid reclama a Rivas casi ocho millones de euros en concepto del uso que se ha realizado del vertedero desde los últimos años. Para sostener esta petición, el Consistorio de la capital se basa en una documentación pública que ha sido falsificada según lo demuestra una empresa especializada en peritaje de textos oficiales: se utilizó una versión del procesador Word que no existía en la fecha que marca el documento y se imprimió con impresoras láser, una tecnología que comenzó a utilizarse a finales de los años 90, es decir, con posterioridad a la fecha de los documentos analizados. Así, los textos para reclamar a Rivas la supuesta deuda por llevar la basura a Valdemingómez se crearon en una época cercana y posteriormente fueron predatados y firmados por el mismo funcionario, siempre con el mismo formato.

UN ACUERDO QUE MADRID SE SALTÓ

Desde 1967 hasta 1978, el Ayuntamiento de Madrid vertió en Rivas ocho millones de toneladas de basura de manera incontrolada, en el antiguo vertedero de Autocampo. Descontaminar aquella zona (hoy, auditorio Miguel Ríos y su parque, en el barrio Centro) costó 26 millones de euros pagados por la localidad. Aquel agravio se intentó compensar después con un pacto entre alcaldes: todos los regidores permitieron que Rivas llevara su basura a Valdemingómez, hasta la llegada de Ana Botella.

Entonces, la alcaldesa reclamó las tasas que Madrid argumentaba no se habían abonado desde 1986 hasta 2012 (ya que las anteriores habían prescrito) e intentaron demostrarlo con documentación falsificada que presuntamente verificaba las reclamaciones anuales que se le hacían a Rivas.

Según la querella interpuesta ahora contra el funcionario que firmó los presuntos requerimientos, y contra aquellas personas que a lo largo de la instrucción pudieran resultar autores, cómplices o encubridores, se les imputaría un delito de falsificación documental, prevaricación y estafa procesal. Mientras, Rivas ha acatado las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, se ha negociado un plan de pagos cuatrianual para la deuda reclamada, y se está cumpliendo en tiempo y forma.

Pero ahora, con el informe pericial que demuestra la falsificación de documentos y la querella presentada, Rivas pretende que se haga justicia y se abonen exclusivamente las tasas que corresponden. “Ante la indefensión, y con la evidencia de la falsificación de documentos, acudimos a la justicia para reclamar que dejen de utilizar a Rivas como moneda de cambio por el conflicto de la basura”, denuncia el alcalde ripense, Pedro del Cura.

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