NOTICIAS

Gustavo Castro, activista de derechos humanos

El mexicano Gustavo Castro se encontraba en la misma casa en que fue asesinada Berta Cáceres, activista hondureña, el 3 de marzo de 2016.

Gustavo Castro, activista de derechos humanos

Entrevista: Patricia Campelo

Herido de bala, salvó la vida después de que los asesinos de la activista hondureña Berta Cáceres le dieran por muerto. A Gustavo Castro, coordinador de la ONG ecologista Amigos de la Tierra, no le esperaban aquel fatídico 3 de marzo de 2016 en la vivienda de Cáceres, pero aquella presencia que fue improvisada ¿Castro cambió sus planes en último momento- es ahora la principal oportunidad para restar impunidad al proceso judicial contra los ocho sicarios detenidos hasta ahora y acusado del delito.

Sin esperanzas de alcanzar a los autores intelectuales, Castro permanece a la espera de que la justicia hondureña le llame para una ronda de reconocimiento. Mientras, este mexicano de 53 años, activo defensor de los derechos humanos, vive acogido en España por el programa de protección de Amnistía Internacional, organización que le trajo a Rivas el pasado febrero para ofrecer una charla en la Casa de Asociaciones y encuentros con estudiantes de institutos del municipio.

Castro compartía activismo con Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) desde donde la hondureña se enfrentaba a megaproyectos de la industria extractiva que provocan el éxodo y el empobrecimiento de las poblaciones indígenas, poniendo en peligro sus vidas.

Cáceres obtuvo en 2015 el prestigioso Premio Goldman por su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca.

Según informe de la ONG Global Witness, más de 120 activistas han sido asesinados en Honduras desde 2010 tras enfrentarse a empresas que deterioran el medio ambiente.

El asesinato de Berta Cáceres es uno de los muchos perpetrados en América Latina, pero el de ella ha suscitado un interés internacional sin precedentes. ¿A qué se debe?

Es la pregunta que todo el mundo se hace y nadie encuentra respuestas. Conozco a mucha gente inmersa en estos procesos desde hace muchos años y que ha visto a muchos compañeros y compañeras asesinadas y nunca vieron una reacción parecida. Creo que fue como un basta, un hartazgo; un balde de agua fría en un contexto en el que muchas otras mujeres habían sido asesinadas. Y Berta, que había sido premio Goldman un año antes, y eso también impresionó más, tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fue un impacto muy fuerte. Y tiene mucho sentido esa frase de que Berta no murió sino que se multiplicó; que no la sepultamos sino que la sembramos. Me sigue impresionando gente que me dice que ha realizado acciones de todo tipo. Yo no sabía lo que estaba pasando, y cuando empiezo a ver algunos correos pensaba que nunca iba a acabar de agradecer. Eran todo tipo de marchas e iniciativas que se estaban dando.

Esas iniciativas, ¿son el resultado de una lucha que despierta cada vez más conciencia crítica y tiene devolución a la causa?

No le daría una explicación lineal, son muchas cosas que se combinan. La resistencia era ya muy conocida y había antecedentes como el caso de Máximo Acuña que estaba despertando una alerta de la criminalización hacia la gente. Casos muy fuertes de resistencia en América Latina contra las represas, la minería o las carreteras. Todo eso fue preparando el ambiente político, emocional y de solidaridad que con Berta se desbordó.

¿En qué estado se encuentra el proceso judicial contra los sicarios que les dispararon?

Ahora hay ocho imputados. El séptimo fue detenido en México en enero, y el octavo hace dos semanas [por principios de febrero]. De este último se presume que es el que me disparó y dejó herido, pero estoy esperando a que la fiscalía me llame para reconocerlo vía consular o presencial. Estamos valorando eso. Hay quien me dice que vaya y otros que ni de loco. Valoramos las condiciones de seguridad. De momento, esperando a la solicitud formal, que parece que sí la va a haber. Y sería en las siguientes semanas.

Durante meses ha lamentado que se produjera este retraso en el proceso judicial. ¿Se trata de algo premeditado?

Había una estrategia el último año porque, de alguna manera, el Gobierno [de Honduras] quería anular al testigo, es decir, a mí, y una de esas formas era perder el expediente como hizo la magistrada, que se le ocurre una noche sacarlo para estudiarlo en su casa y se lo roban. No llevaba escolta. Lo entendemos como un autorrobo. Todo el expediente está lleno de irregularidades, de inconsistencias judiciales, de males procedimientos. Y como se está exigiendo que se anule la privacidad del expediente, el Gobierno decretó su secretividad; no quieren que la opinión pública sepa todas las anomalías e ilegalidades que hay. Primero decreta el secreto y luego lo autorroba. Oficialmente la magistrada tuvo un asalto, pero en condiciones altamente sospechosas.

¿Hay algún motivo para el optimismo?

Este año [2017] son las elecciones presidenciales, lo que es interesante. También se cumple el primer año de Berta, y este Gobierno tiene que dar un indicio de que va a avanzando en una investigación que ha sido cuestionada a nivel mundial y que se presume que no llega a los autores intelectuales.

Además, cuando se da el golpe al gobierno en 2009 es porque el presidente Celaya propone que en las elecciones hubiera una urna extra para que la gente votara si quería reelección o no. Y por el hecho de presentar una urna para que la gente votara sí o no se produce el golpe de estado. Y este Gobierno golpista ahora está proponiendo reelegirse, y de manera ilegal e inconstitucional. En ese contexto, lo que quiere el Gobierno es quedar bien con un proceso que ha sido un escándalo como el de Berta y, al mismo tiempo, reelegirse.

Muchos desde los que están en el Gobierno son participes del asesinato y de otros muchos en los que están involucrados a través de concesiones mineras u otros proyectos. Hay un escandaloso fraude y corrupción que merece que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Se junta el hambre con la necesidad.

¿Podría concluir el proceso con condenas para los ocho imputados como autores materiales sin tratar de dilucidar quiénes organizaron el asesinato?

También estamos exigiendo que se rompa la secretividad porque las pruebas que se han puesto para que estén en la cárcel ahora los ocho imputados son débiles. Es lo que se hace siempre. Se les condenan sin poner todo el peso de las pruebas de manera que en uno o dos años se revisa el caso y los sacas de la cárcel. Eso es lo que está haciendo este Gobierno.

¿La sociedad se conformaría con esas condenas? ¿Se asumiría ese relato?

Una parte de la gente de Honduras sí lo aceptaría y otra parte no. Los movimientos campesinos indígenas saben con quién se enfrentan porque siempre han tenido enfrente al ejército y a la policía criminalizándoles y asesinándolos; y a las grandes familias ricas de Honduras robándoles tierras y amenazándolos. La gente sabe quiénes son las policías, el Ministerio Público y los políticos. Hay otro sector de la población de Honduras que sí lo compraría.

¿Cómo prosigue la denuncia contra el Gobierno de Honduras que presentó ante la CIDDH?

En los próximos meses la CIDDH, con sede en Washington, dice si la solicitud de demanda es válida o no. Si procede, empieza todo el proceso, que puede lleva unos dos o tres meses. Hacia mayo sabré si mi demanda contra el gobierno de Honduras se acepta.

¿Se plantea acudir a la justicia internacional?

Con los abogados hemos pensado agotar la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, después, ir a la Corte Interamericana. Tendríamos que agotar las instancias regionales y no se podrían presentar dos demandas ante ningún organismo que dependa de Naciones Unidas al mismo tiempo. La Comisión da recomendaciones pero no es vinculante. Si llega un momento en que la cosa es muy grave, la Comisión pasa el caso a la Corte, y ahí sí tienen que acatar lo que diga. En el caso de los imputados, tienen que darse seis audiencias antes de llegar a juicio, y apenas van por la tercera. Las pueden ir alargando y meter miles de trampas para prolongarlo hasta el juicio. Pero hay un plazo de dos años y medio como mucho para tener imputados en la cárcel hasta que sale el juicio. Esto se cumple hacia octubre de 2018.

¿Juega el Gobierno y la justicia hondureña con que la dilación del proceso baje la presión internacional?

Esa es la idea, y lo van a alargar de manera en que la gente se vaya olvidando y la presión mediática bajando. Y después ya sacarlos de la cárcel. Las expectativas parecen desoladoras. Tenemos esperanzas de que algo se haga. Va a depender mucho de la presión política y mediática y de la sensibilidad del Gobierno del país ante esa presión. Los antecedentes no ayudan mucho para pensar que Honduras va a llegar hasta las últimas consecuencias, sobre todo si sigue este gobierno golpista porque, ahí, todos los que estaban involucrados en este caso y en otros se están encubriendo. Así que les convine que el presidente siga siendo el mismo para que la impunidad continúe en el caso de Berta y otros muchos. Ese contexto es importante para no ser tan optimistas. Pero lo vamos a intentar. Un principio de la resistencia es seguir insistiendo en que no haya impunidad y seguir presionando. Pero no solo al Gobierno de Honduras. Hay otros ángulos.

¿Como cuáles?

Está el fondo de Eurojusticia, donde la Unión Europea (UE) donó millones de euros [44, según informe del Tribunal de Cuentas Europeo] para que este Gobierno después del golpe garantizara la estructura y el avance en derechos humanos. Y lo que hubo fue robo y corrupción de todo ese dinero. ¿Por qué la UE y España no piden cuentas o una auditoria de todo ese dinero que se robaron los funcionarios y que se ha usado para armamento y para policía en lugar de aprobar la ley y hacer un borrador de la ley de víctimas, que no hay, y que implica pagar abogados, asesorías o consultas? Tampoco está aprobado el reglamento para aplicar la ley de defensores de derechos humanos en periodismo, ni mecanismos de protección de derechos humanos, ni capacitación en la policía sobre estos derechos. Todo ese andamiaje no avanzó, ¿qué hicieron con todo ese dinero? Lo robaron. Y un mecanismo para presionar a Honduras es por ahí, por los países que otorgan financiación a una estructura que lo que hace es agonizar mas la violación de derechos humanos en lugar de evitarla.

¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se piden responsabilidades desde Europa sobre el destino de estos fondos?

Porque imagino que no hay presión política para ello. ¿Quién va a presionar? Por eso tiene que haber presión mediática, y una de las acciones que vamos a hacer el 3 de marzo [la entrevista se realizó a mediados de febrero] es ir a la sede del Parlamento Europeo en Madrid y presentar una solicitud para que la Unión Europea y España auditen y den cuenta de ese dinero en que fue usado por el Gobierno hondureño. Son distintas presiones que se tienen que hacer, y si nadie presiona y nadie dice nada pues queda en una impunidad impresionante. Como con los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, un banco multilateral donde los gobiernos de Centroamérica son los socios y dan préstamos a las empresas para proyectos. Pero hay socios extra regionales, como México, Colombia y España. Y ellos aprueban, por ejemplo, prestarle a una empresa para hacer un proyecto como en el caso de la empresa hidroeléctrica de aguas Zarca sin ninguna normativa de derechos humanos, sin exigirle un informe de impacto ambiental, nada.

Tenemos que exigir a los gobiernos que saben que hay violación de derechos humanos en Honduras, donde sus fondos se están usando para reprimir y asesinar a gente, para robarles tierras y hacer contratos falsos para proyectos de minas o carreteras de los cuales las empresas se están beneficiando.

En este primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, ¿qué es lo que más recuerda?

Todo, cada segundo. Eso no se me olvida. Creo que lo que me hace pensar mucho es como no solo Berta sino muchas otras mujeres de América Latina están siendo hoy criminalizadas, y cada vez son más mujeres a medida en que avanzan los comercios de libre comercio y los gobiernos abren fronteras a tanta inversión.

¿Qué explicaciones tiene sobre este feminicidio?

Una es que tanto tratado ha generado tanta pobreza y miseria que por lo general son los hombres los que salen a emigrar, y se quedan ellas en sus casas. La mayoría de las veces no son dueñas del terreno; es el marido, pero ellas son las que tienen que quedarse a defender la tierra, sus casitas y el cafetal. Se dan cada vez más casos de violación de mujeres, asesinatos, encarcelamientos y tortura. Eso genera mucho miedo y disminuye los ánimos de la resistencia. La gente dice ‘no voy’, y se bloquea la movilización. No es lo mismo que torturen a un chico o a un señor que a una señora, a una hija o a una madre. El impacto emocional es mucho mayor. Y los gobiernos tienen que pagar tanto dinero a una empresa si no cumplen con el tratado de libre comercio que prefieren criminalizar a cualquiera, y no importa si son premios Goldman o tienen medidas cautelares.

No hay límite en la represión.

Ya no hay. Antes, los gobiernos se cuidaban para no manchar su imagen. En las movilizaciones los hombres iban detrás, y delante las mujeres con los niños porque así el ejército no reprimía. Ahora les da igual, nada inhibe la acción represiva.

Con Donald Trump en el Gobierno de Estados Unidos, ¿temen un recrudecimiento de la acción militar e impunidad de las empresas?

Sí. Él ofrecerá todas las garantías a las empresas. Y en Honduras tiene muchos intereses geoestratégicos, ya que está una de las bases militares del Gobierno norteamericano más grandes de América Latina, en Palmerola. Los gobiernos español y alemán tienen mucho interés en construir el aeropuerto de Tegucigalpa. Ahora es un aeropuerto malísimo, con una pista muy chiquitita por la que se han ido aviones al barranco. No cualquier avión baja ahí, pese a ser un aeropuerto internacional. Y la base militar de Palmerola va a donar un área muy grande para construir ahí el famoso aeropuerto de Honduras por fin. La mayor inversión va a llegar de España y Alemania.

Últimas noticias / Participación ciudadana

Últimos vídeos / Participación ciudadana

BUSCAR NOTICIAS

ACCESOS DESTACADOS

TRANSPARENCIA

RIVAS AL DÍA

RIVAS CULTURAL

AHORA EN PORTADA

La Semana de la Juventud 2024: con Palestina

La Semana de la Juventud 2024: con Palestina

TRÁMITES DESTACADOS

Documento informativo que indica la residencia y el domicilio habitual.

Puede consultar todo lo relacion con sus tributos

Realizar el pago de impuestos y tasas on-line

Presentar escritos o comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

OFICINAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

SUBIR