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Entrevista incluida en la revista ‘Rivas al Día’ de diciembre.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, rescatamos la entrevista a Javier Giraldo, jesuita colombiano miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que visitó Rivas el pasado noviembre. Giraldo es un ejemplo del compromiso por los derechos humanos incluido en la carta de las Naciones Unidas, firmada el 10 de diciembre de 1948 y que supuso un giro en la protección del individuo.
ENTREVISTA
Ha realizado miles de kilómetros con un doble objetivo: denunciar, en primer lugar en Rivas y después en el Ateneo de Madrid, la situación de violencia que sigue atravesando la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia), y, en segundo lugar: viajar a La Haya para llevar nuevas pruebas a la Corte Penal Internacional.
El sacerdote jesuita Javier Giraldo, firme defensor de los derechos humanos, visitó el municipio a mediados de noviembre invitado por XXI Solidario, la ONG ripense que ha ejecutado con ayuda de financiación municipal diversos proyectos en la Comunidad de Paz.
Este asentamiento formado por campesinos y ubicado en la región de Urabá, al noroeste de Colombia, tomó la decisión de declarase neutral en el conflicto que asola el país desde hace casi medio siglo.
DUROS COMIENZOS
Decidieron, en 1997, no permitir la presencia de actores armados en la zona. A partir de ese momento comenzó la escalada de violencia. «Los años más duros fueron al comienzo; los primeros meses se dieron cerca de 80 asesinatos», relata Giraldo a ‘Rivas al Día’.
La Comunidad de Paz se ubica en una zona de fuego cruzado entre militares, paramilitares y guerrilleros. La tierra es rica en carbón y su posición estratégica la vuelve atractiva para los traficantes de drogas y armas.
Además de los asesinatos, entre 2001 y 2004 llegó el «cerco de hambre». «En esa época llegaron las agresiones a empresarios; mataron a los cuatro conductores que nos subían alimentos para que nadie más quisiera hacerlo; después hubo una masacre de comercios en el pueblo y más tarde empezaron a matar también a quien tenía negocios en la carretera», explica Giraldo con la tristeza inundando su mirada.
Los miembros de esta comunidad agraria que ha enarbolado la resistencia pacífica como modo de supervivencia salieron adelante adquiriendo semillas en Medellín, a más de 300 kilómetros, y sembrando lo básico para cubrir las necesidades alimenticias.
«Se abrió, de este modo, un proceso de soberanía alimentaria; ahora ya tienen trilladoras para el arroz que dan servicio a los cuatro asentamientos más cercanos».
AYUDA DESDE RIVAS
A pesar del inicio de las negociaciones de paz entre el E jecutivo de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Giraldo asegura sentirse en un «cruce de expectativas». «¿Cómo se llegará a un acuerdo con el país inundado de paramilitares?», se pregunta. La presencia de los ‘paras’ sigue acechando a la Comunidad de Paz. Y el mensaje que llevan a estos campesinos es el del «exterminio». «Si no fuera por la ayuda internacional, ya lo habrían hecho», asegura Giraldo, coordinador del banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular.
Parte de esta ayuda les llega desde el municipio ripense, al que Giraldo está ampliamente agradecido.
La asociación XXI Solidario lleva, desde 2006, ejecutando proyectos con sus recursos propios y ayuda de financiación municipal en San José de Apartadó. Ese mismo año la iniciativa consistió en la construcción de una escuela. En 2007 continuó el proyecto educativo con la contratación de profesorado.
Los años siguientes se dotó a la comunidad de un centro sanitario básico, de la casa de la mujer y del joven, de una emisora de radio para alertar de la presencia de actores armados y de asesoría jurídica ante las nuevas leyes de víctimas y de tierras del Gobierno de Santos.
240 ASESINATOS
En 2006, la Comunidad de Paz denunció ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, los delitos de lesa humanidad cometidos contra el asentamiento de campesinos, en el que, en este tiempo, han sido asesinadas 240 personas. «Éramos 1.200 cuando llegamos allí», observa Giraldo.
Desde Rivas, el religioso partió rumbo a Europa para llevar hasta el tribunal internacional los listados actualizados de víctimas, la correspondencia que mantiene con el Gobierno colombiano y los derechos de petición que ha ejercido en este caso.