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Los avances telemáticos y la colaboración entre las diferentes administraciones públicas pretender facilitar a la ciudadanía los trámites oficiales que se ve obligada a realizar a menudo. En esta dirección se explica la aprobación, en la Junta de Gobierno Local (JGL), de la adhesión de Rivas al convenio firmado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda y la Comunidad de Madrid, que permitirá a la ciudadanía, a través de la administración electrónica, evitar la presentación de documentos o certificados que ya tengan otras administraciones públicas.
«Se trata de un cambio cualitativo que notarán todos los vecinos y vecinas que se acerquen a hacer cualquier gestión al Ayuntamiento que les obligue a presentar documentos que ya tiene la Seguridad Social, Hacienda o cualquier universidad, por poner tres ejemplos», ha explicado Pedro del Cura, alcalde de Rivas en la rueda de prensa posterior a la celebración de la JGL. Este proceso estará operativo para más de 40 procedimientos a partir del 1 de enero de 2017.
RIP PARA LAS COPIAS COMPULSADAS
Las ventajas del acceso inmediato de esta plataforma de intermediación a los servidores de otras administraciones no sólo favorecerá a la ciudadanía ripense, sino también a empresas y entidades sociales de la localidad. Ya nadie tendrá que aportar una fotocopia en papel de su DNI, una copia compulsada del Registro de la propiedad o de un certificado de penales.
Desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Rivas (plaza de la Constitución,1 o plaza del 19 de Abril) se podrá corroborar online y de forma inmediata la existencia de estos documentos en los organismos que los custodian, una vez que el titular de dichos títulos autorice por escrito dicha actuación.
En total, se calcula que pueden llegar a ser 40 procedimientos los que la ciudadanía y las empresas ya no tendrán que realizar previamente cuando quieran solicitar una licencia de obras, la participación en un concurso a una oferta pública de empleo o la gestión de un matrimonio civil.
«Este avance supone un ahorro de tiempo, dinero y papel. Los trámites serán mucho más rápidos y cómodos para quien se vea obligado a aportar documentos que ya existen en otros archivos públicos. Además, se trata de una medida que actualiza el cumplimiento de la Ley de octubre de 2015 que regula el Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
