El pasado 30 de mayo, el regidor ripense, Pedro del Cura, asistió a la primera reunión de la Mesa de Seguridad de la Cañada Real Galiana junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, la alcaldesa de la capital Ana Botella y el concejal de Seguridad de Coslada, Fernando Atienza.
El encuentro ha servido para discutir medidas en relación a la preocupante situación de seguridad que se genera en torno a la Cañada Real. Precisamente, la zona de este asentimiento ilegal que limita con el barrio ripense de Covibar está considerada como una de las más inseguras.
El grueso de los hurtos en esta parte de la ciudad son cometidos por personas con problemas de drogadicción que acuden a por su dosis a la Cañada Real, según datos ofrecidos por la Delegada de Gobierno Cristina Cifuentes.
La Mesa de Seguridad, que celebró a finales de mayo su primera reunión, es un órgano político cuya constitución ya estaba prevista en el Protocolo de Seguridad de la Cañada, firmado en 2013 entre las administraciones, excepto Rivas, vinculadas a este asentamiento.
SIN RESPUESTA A LOS PROBLEMAS
El Consistorio se negó en 2013 a suscribir ese protocolo que nacía sin la existencia de un plan previo para solucionar los graves problemas de exclusión que padece un importante número de familias de la Cañada.
La presencia de Del Cura en la reunión de la Mesa de Seguridad no supone una aproximación de la postura del Ayuntamiento ripense hacia el plan de actuación firmado por la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el de Coslada el pasado 30 de abril. La Delegación de Gobierno no estuvo presente en dichas negociaciones, y Rivas se abstuvo de suscribir el convenio porque contemplaba una solución real para las familias en riesgo de exclusión social.
«La herida de la Cañada Real continúa abierta y así seguirá mientras no se estudien las propuestas sociales presentadas por Rivas, ya que el actual acuerdo deja fuera a quienes, por falta de recursos, no podrán adquirir el suelo donde ahora se asientan sus casas», denuncia Del Cura.
