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El Ayuntamiento de Rivas no ha firmado este miércoles 30 de abril el documento sobre la Cañada Real impuesto por la Comunidad de Madrid. El consistorio ripense ha denunciado la falta de respeto institucional del Ejecutivo de Ignacio González a la hora de manejar una negociación que no ha sido tal.
El alcalde de Rivas, José Masa, y su concejal de Urbanismo, Fausto Fernández, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar las razones por las que el Consistorio ha decidido no comparecer en el acto de firma del acuerdo sobre la Cañada, convocado por la Comunidad de Madrid.
«Ningún responsable político de la Comunidad se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos por qué no se acepta ninguna de las propuestas que Rivas ha sugerido al texto final», explica Masa. «Están más preocupados por hacerse cuanto antes la foto. Esa es la conclusión que saco de un proceso en el que ha primado la precipitación antes que la seriedad y el rigor», abunda el primer edil. De hecho, Ignacio González anunció la semana pasada que el acuerdo se rubricaría el 9 de mayo, pero la firma se ha adelantado a este miércoles 30 de abril.
Para el alcalde de Rivas, lo que se fragua así es «en engaño», una solución que no es tal porque se centra en medidas urbanísticas «que pretenden la consolidación de la gran parte de la población del asentamiento, cuando en realidad no se aporta ni la financiación, ni las medidas sociales necesarias para reubicar a la mayoría de sus habitantes, que son personas que sufren graves situaciones de exclusión social».
Para Rivas lo que la Comunidad de Madrid está tratando de ‘vender’ a través de titulares en los medios de comunicación es una ‘solución mágica’ que no fija el papel del IRIS, le organismo autonómico encargado de los realojos. «El documento no clarifica quién se responsabilizará de reubicar a las miles de familias que se quedarán fuera de la regularización», denuncia Fausto Fernández, concejal de Urbanismo de Rivas.
«El documento no clarifica quién se responsabilizará de reubicar a las miles de familias que se quedarán fuera de la regularización»
Tampoco se concreta quien asumirá la financiación del proceso de reubicación de aquellas personas que, aunque se les regularice su vivienda, no dispongan de los recursos suficientes para pagar el precio del suelo de su parcela. «Al final, los grandes beneficiados de esta situación van a ser los propietarios de chalés, que son los que tienen el dinero para asumir los gastos que se produzcan», asegura Fernández.
De igual modo, en el acuerdo no se contempla qué pasará con quienes queden fuera de la regularización, ni con las miles de personas que no se encuentran entre los censados y que tienen construcciones ubicadas en los márgenes de la Cañada. «Si no resuelven estos casos, la Comunidad será responsable de que el mayor asentamiento ilegal de este país se consolide en el tiempo», alerta Fausto Fernández. «Y esto sucede porque el acuerdo que propone la Comunidad afecta solo a una parte del asentamiento», insiste el edil de Urbanismo.
Desde Rivas se recuerda que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tienen una larga experiencia respecto a asentamientos similares a los de la Cañada Real, aunque de dimensiones más pequeñas, y que por ello saben perfectamente que la reubicación de las personas con dificultades es imprescindible.
«El organismo que se cree para realizar esta tarea debe contar con la capacidad económica suficiente como para reubicar en otras viviendas a todas las personas que no se vayan a quedar en la Cañada», se indica desde el Ayuntamiento de Rivas.
Dos tercios de los habitantes de la Cañada que permanecen en el término municipal de Rivas sufren situaciones de exclusión social
HACE FALTA UN PLAN SOCIAL
Ya en el principio de las reuniones que mantuvieron los técnicos y políticos de la Comunidad con los de los ayuntamientos implicados, desde Rivas se conminó a la elaboración de un Plan Social que completará las medidas urbanísticas y de seguridad ciudadana.
«Siempre hemos defendido que en la Cañada se debería crear un espacio social y urbanístico sostenible, que genere un equilibrio complejo que integre a todos sus habitantes», subraya Fernández.
Las cifras no dejan lugar a la duda: dos tercios de los habitantes de la Cañada que permanece en el término municipal de Rivas (de acuerdo con los informes de Servicios Sociales) sufren situaciones de exclusión social y de ellos un tercio recibe la renta mínima de inserción.
Esto significa que 700 de las 1.132 personas censadas no podrán optar, incluso aunque logren estar en la lista de las regularizadas, a cumplir los requisitos económicos para legalizar su vivienda por no disponer de recursos suficientes.
El Ayuntamiento de Rivas lleva trabajando con ahínco, desde hace una década, en la búsqueda de un consenso de todas las administraciones implicadas (Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas).
Las primeras reuniones se produjeron tras una carta que le dirigió, en 2004, José Masa a Alberto Ruiz Gallardón, por entonces alcalde de Madrid. En estos años se han producido multitud de reuniones y de sesiones de trabajo que se prolongaron hasta hace apenas unos meses. «Siempre hemos demostrado nuestra voluntad inequívoca de hallar vías técnicas y políticas con las que garantizar
EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN RIPENSE
De los tres municipios por los que transcurre la Cañada Real, la población de Rivas ha sido, sin duda, la que más ha sufrido durante estos años las consecuencias negativas de un asentamiento con graves problemas sociales. A escasos metros de las viviendas del barrio de Covibar ha ido creciendo la Cañada de Rivas, cuyos habitantes han acudido durante este tiempo a los centros de salud, los colegios y los servicios sociales municipales.
«La Comunidad de Madrid le debe una explicación a nuestros vecinos y vecinos», reclama José Masa. «Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo que se pongan las medidas para que este asentamiento deje de serlo y que la zona recupere la normalidad que nunca debía haber dejado de tener».
