Texto incluido en el especial sobre violencia de género de la revista ‘Rivas al Día’ de noviembre.

Entrevista: Patricia Campelo.

La jurista experta en derechos humanos María Naredo, responsable de los principales estudios de Amnistía Internacional [AI] sobre violencia contra las mujeres, llega a Rivas el 27 de noviembre para presentar el informe ‘¿Qué justicia especializada?‘ [PDF].

El texto es un repaso crítico a la norma que comenzó a regular las medidas contra esta lacra social a finales de 2004, y evidencia los obstáculos que aún hoy encuentran las mujeres cuando demandan la obtención de justicia y protección que les corresponde por ley. Naredo conoció a Marta, protagonista del documental que se presenta en Rivas el viernes 22 por ser uno de los casos que documentó en el informe elaborado para AI. «Creo que ha sido una experiencia magnífica para ella», resume.

En el documental ‘La maleta de Marta’, la protagonista reconoce no sentir miedo ante el impacto público que alcance, sino que se siente más protegida ante su agresor.

Absolutamente, los agresores de género, los más brutales como en el caso de Marta, en el fondo se valen de que estén aisladas, que nadie conozca su caso, que haya un contexto de control desde el aislamiento. Precisamente Marta es ahora un personaje público. No solo la gente con la que ha hecho el documental está con ella a diario, sino que hay una red tejida entorno a ella que dista mucho de su situación anterior.

No se revela la identidad del agresor. ¿Por qué no se hacen públicos los nombres de los maltratadores con sentencia?

El objetivo no era poner el nombre porque en el fondo podría ser cualquier agresor. Lo que viene a decir la película es que una mujer como Marta, de clase media alta, que no es ninguna persona marginal, puede sufrir un intento de asesinato. Al final los agresores son personas que están en nuestro entorno, en cualquier entorno. Me da la sensación de que el agresor, cuando realmente sufre el ostracismo es cuando cambia la percepción de la gente cercana: del barrio, de la familia. Lo de los nombres me parece bien, y se han dado iniciativas en ese sentido en Castilla- La Mancha, por ejemplo. Pero no es la panacea de nada. Sí lo es cambiar las relaciones en lo micro, y que en el barrio la gente pase de verla como la mala a verla como víctima, como está pasando en el caso de Marta.

El primer mensaje que Marta recibió de su madre en el hospital fue: ‘La que has liado’.

Sí, y es tremendo. Muchas veces se parte de la idea preconcebida de que las familias apoyan a las víctimas. El caso de Marta es muy extremo –afrontó dos operaciones, una de ellas de 12 horas-. Pero realmente eso ejemplifica que detrás de esos delitos hay mucho prejuicio que hace que las víctimas pasen a ser vistas muchas veces como las malas, e incluso por la familia. Es una de las limitaciones con la que muchas mujeres tienen que hacer frente.

«Los agresores de género más brutales se valen de que la víctima esté aislada»

La Ley Integral ha posibilitado un importante despliegue judicial. Aún así, desde que se entró en vigor, se contabilizan más de 600 asesinatos machistas y un 64% de denuncias archivadas. ¿Qué está fallando?

Las mujeres, por un lado, siguen sin acudir al sistema judicial. Hay una bolsa oscura de casos de mujeres que no acuden al sistema judicial y que deberían ser identificadas por otros cauces. Pero se ha puesto demasiado énfasis en la denuncia y en el sistema penal y no se ha hecho todo lo que se debería en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito sanitario: sólo denuncian el 22% de las mujeres que se estiman que están siendo maltratadas, pero el 100% está acudiendo a su médico de familia. Hay sectores profesionales donde están yendo las mujeres víctimas. Desde las instituciones, cargamos las tintas con el mismo mensaje, que las mujeres tienen que denunciar para que puedan ser protegidas. Y sin embargo no se está mirando a los sectores donde están acudiendo las mujeres de motu proprio, como el sector salud, al que hay que preparar: atención primaria, ginecología, urgencias, pediatría. Todos estos sectores son clave para detectar y acompañar a las víctimas. Por otro lado, el sector servicios sociales, aunque es más específico. Es importantísimo tener claro que hay lugares a los que están acudiendo muchas mujeres que no irían nunca a una comisaría. Y ahí es donde hay que ampliar la red de detención y de derivación fiable. Parece que no podía hacer nada por muchas mujeres asesinadas que no tenían denuncia. Pero no, claro que se podían hacer. Seguro que esas mujeres fueron al médico o tenían hijos e hijas que iban a la escuela. Ahí es donde hay que poner la carne en el asador.

«No es de recibo hablar de denuncias falsas con más de 600 mujeres asesinadas desde 2003»

El apoyo político respecto a las posturas en contra de la violencia de género parece que ha ido en declive en los últimos tiempos. Un ejemplo: las declaraciones de un diputado de UPyD sobre las supuestas denuncias falsas. O la referencia de la ministra de Sanidad Ana Mato a un caso de violencia de género al que calificó como violencia ‘doméstica’.

 Ahí haría una diferencia: una cosa es contextualizar, y es un error desde luego no hacerlo y volver a hablar de violencia doméstica. Hay que contextualizar, si no, no avanzamos. Y otra cosa es lo que hizo Toni Cantó, que pasó una línea roja. Habló de denuncias falsas, y eso no es de recibo. Es una irresponsabilidad de tal calibre que, por el contexto en el que vivimos y en el que se produce esa violencia de patriarcado y sistema desigual, se le permita a un diputado hablar así. Llega a tratarse de otro tipo de delitos y tendría que haber presentado su dimisión. Cuando desde 2003 hay más de 600 mujeres asesinadas, que un diputado hable de denuncias falsas refiriéndose a estos temas es realmente algo gravísimo. Por otro lado te da la medida de cómo se banaliza. Parece que sobre ese tema hay permiso para banalizar, incluso en sede parlamentaria. Entonces, si hay permiso para banalizar sobre una violación de derechos humanos tan grave, que se cobra más víctimas que ninguna otra en nuestro país, implica que algo está fallando muy de base. Y si este tema se sigue tomando como un problema de las mujeres y no como un tema de derechos humanos, todavía hay mucho que caminar.

 «Hay sectores profesionales donde están acudiendo las víctimas que nunca irían a una comisaría, y ahí hay que poner la atención»

Parece que, desde que una norma regula las medidas contra esta lacra, los mensajes se han normalizado en los medios de comunicación, y no se escuchan posturas en defensa de las mujeres víctimas ni en contra de las agresiones.

Se ha relajado absolutamente el tema. La Ley Integral fue un paso muy importante, aunque fue lamentable que solo se extendiera la protección a parejas y ex parejas, y no a otras formas de violencia. Es decir, una niña abusada por su padre no entra dentro del objeto de protección de la ley. Y ahí criticamos mucho. La voluntad de la norma de contextualizar la violencia como violencia de género y de plantear un abordaje multidisciplinar muy avanzado, sobre todo en la justicia, fue un hito en la trayectoria de las medidas. En la sociedad, en los años de aprobación de la ley, hubo un punto educativo del propio proceso legislativo. Pero ahora no solo se ha bajado la guardia sino que incluso el efecto ley ha creado un efecto perverso, un efecto boomerang. He oído decir que las mujeres ya tienen muchos derechos. Es decir, no hay una conciencia de que el estado tendría que hacer más. Ni siquiera se plantea que le ley no se desarrolla y es lo que desde Amnistía Internacional venimos diciendo.