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Los servicios sociales, en el aire

La Ley de Reforma Local promovida por el Gobierno del PP se une al recorte y desaparición de los convenios con la Comunidad para poner en riesgo parte de los servicios sociales municipales. Rivas Al Día lo explica en su número de noviembre.

Los servicios sociales, en el aire
  • Texto: J.L Corretjé, I.Piedrabuena, P. Campelo. Publicado en el número de noviembre de la revista ‘Rivas Al Día’ /Foto: Chus Pérez.  

Elena Cámara, de 76 años, se pasa toda la mañana, cuatro días a la semana, participando en los talleres y actividades del centro de mayores El Parque. Ella es una de las 2.800 personas mayores de Rivas que disfrutan de este servicio público que se extiende a otros dos centros más.

Con la aplicación de la Ley de Reforma Local muchos de estos servicios van a desaparecer o serán privatizados. La norma que ha aprobado en octubre el Gobierno de Rajoy, pese a tener en contra en el Congreso y el Senado a la casi totalidad de los grupos políticos, entra en vigor el 1 de enero del próximo año y va impedir que los ayuntamientos desarrollen gran parte de los servicios públicos que prestan ahora.

La mayoría de los servicios sociales dejarán de depender de los ayuntamientos

La mayoría de los programas sociales básicos (ayuda a domicilio y teleasistencia a personas mayores; talleres de alfabetización y de promoción de población excluida; acciones de integración de inmigrantes, etc.) dejarán de depender de las administraciones locales. Las políticas de igualdad de género y los programas de infancia, juventud y participación, ya no serán, dice la ley, competencia municipal.

Hasta ahora, con la antigua norma, estas y otras competencias no eran obligatorias para las administraciones locales y pese a ello, ayuntamientos como el de Rivas las sufragaba con fondos propios o mediante convenios con las comunidades autónomas. «Ahora, la Ley de Reforma Local prohíbe taxativamente que nos metamos en el terreno de las comunidades a riesgo de que nos descuenten de los fondos que recibimos del Estado las partidas que destinemos a estos proyectos», recuerda José Masa, alcalde de Rivas.

Volvemos con Elena Cámara. Esta vecina de Rivas y su familia son habituales de la programación de los centros valora su utilidad: «A mí me gusta mucho participar en actividades. Mi hija Elena tiene dos niñas adoptadas chinas, y las lleva al Bhima Sangha (centro municipal de recursos de la infancia), al Foro Infantil y también a natación, ballet y clases de chino. Tengo amigas en Madrid y no participan tanto. No hay la actividad que tenemos aquí. Como los centros de Rivas no los hay en ningún sitio».

En 2012, los servicios sociales de Rivas atendieron a 3.500 ripenses

Otros servicios corren igual peligro de desaparecer. Es el caso de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). Esta dependencia municipal de asesoramiento a la ciudadanía gestionó el pasado año 1.853 denuncias y reclamaciones de consumidores ripenses, en gran parte relacionadas con telefonía y bancos. También realizó 1.587 mediaciones, en su mayor parte con resultado positivo.

Roberto María reside en el municipio y desde hace años es consciente de la importancia que tiene ejercer sus derechos como consumidor. Cuando se le cuenta que la OMIC puede desaparecer no se lo explica: «¿Quién puede conocer mejor cómo funciona Rivas que una OMIC local? Sería una locura que este servicio se eliminara. No es lo mismo atender solo las quejas de Rivas que las de toda la Comunidad de Madrid», dice. «Si la OMIC pierde campo de actuación y eficacia, ganará más poder la empresa. Aquí la mayoría de los casos se resuelven de manera favorable», señala Laura Pardo, jefa del departamento de consumo.

AHORRO ENVENENADO

Uno de los principales argumentos que ha esgrimido el ministro Montoro para defender la necesidad de la Ley de Reforma Local ha sido el gasto excesivo que, dice, se hace en los 8.160 ayuntamientos españoles. Afirma que cuando entre en vigor, esta norma ahorrará al Estado más de 8.000 millones de euros.

Sin embargo, los últimos datos aseguran que sólo el 4% del total de la deuda pública española es responsabilidad de los ayuntamientos, mientras que es bastante superior en otras administraciones. Por si los ajustes fueran poco, las corporaciones locales ya están sometidas a estrictos controles por parte del Ministerio de Hacienda que parten de la aplicación de otra ley, la de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012.

La Comunidad de Madrid, a través de su vicepresidente y portavoz, Salvador Victoria, no ha dejado lugar a dudas sobre el futuro que nos espera: «Sin recursos, no se van a poder asumir de golpe y en un plazo tan corto de tiempo competencias en Servicios Sociales, Sanidad y Educación», declaraba el día en que se empezaba a tramitar la Ley de Reforma Local en el Congreso de los Diputados.

La administración regional madrileña, que a partir del 1 de enero de 2014 es la que se hace con la mayoría de las competencias que cubrían hasta la fecha los ayuntamientos madrileños, ha cifrado en 500 millones de euros el coste que supondría asumir servicios como el de teleasistencia, la ayuda a domicilio, la integración de inmigrantes, el sostenimiento de las escuelas infantiles, etc.

La financiación de los servicios que prestan los ayuntamientos a su ciudadanía depende en gran medida del dinero que les llega procedente de los tributos estatales. Las administraciones locales reciben, de acuerdo a la Ley de Haciendas Locales, un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado muy inferior al que perciben las comunidades autónomas pese a que gran parte de la calidad de vida que beneficia a su ciudadanía se concreta en servicios municipales.

De acuerdo con un estudio de 2012 realizado por la Fundación 1º de Mayo, la distribución del gasto público en España está repartido, por administraciones, del siguiente modo: 51% los asume el Estado, el 36% las comunidades autónomas y un 13% los ayuntamientos.

COMPETENCIAS IMPROPIAS

Con el término coloquial de competencias impropias (en la Ley de Bases se las califica como ‘no obligatorias’) se definen aquellos servicios que han asumido tradicionalmente los ayuntamientos pese a que no les correspondía hacerlo. La realidad se imponía a los textos normativos: mientras que eran las comunidades autónomas las responsables, las administraciones locales, mucho más cercanas a los problemas y necesidades de su ciudadanía, han asumido actividades educativas, deportivas, sanitarias, de ocio y tiempo libre, de servicios sociales, de promoción de la cultura.

Los ayuntamientos españoles se gastaron en servicios sociales durante el año pasado 5.118 millones de euros [uno de cada tres euros del total destinado lo aportaban las administraciones públicas a esta cuestión] según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

De todo este dinero, el 25% (3.851 millones) fueron aportaciones propias de las entidades locales. Según un informe hecho público por esta entidad en octubre pasado, el 38% del total se empleó en la adquisición de servicios en el sector privado para su entrega directa a los ciudadanos (como ayuda a domicilio o teleasistencia) y un 21% a transferencias directas ya fuera a individuos o familias o a las ONG que les atienden.

Entre las conclusiones de este estudio se denuncia que uno de los efectos de la Ley de Reforma Local va a ser la desaparición de miles de puestos de trabajo en toda España. El empleo público va ser, por tanto, otro de los damnificados de la ley.

Muchas veces, los datos ocultan realidades personales concretas. En este caso, tragedias humanas. Porque las personas beneficiarias de los servicios sociales municipales suelen ser el eslabón más débil de la cadena ciudadana. En Rivas durante 2012, los Servicios Sociales Municipales atendieron a 3.500 ripenses: el 66% eran mujeres y en su mayor parte acudieron a solicitar apoyo en relación con necesidades familiares.

Además se registraron 81 usuarios/as de ayuda a domicilio y 320 de teleasistencia. Ambos servicios quedan fuera de las competencias municipales en la nueva ley. Están abriendo la puerta al negocio privado que buscará lucro con la atención a personas mayores y desvalidas», denuncia Mª Paz Parrilla, concejala de Servicios Sociales.

Otros proyectos como el centro de prevención de exclusión de menores (100 chicos y chicas), la atención social a inmigrantes (900 personas beneficiarias), intervención con personas con discapacidad (300 personas), mediación familiar y atención psicológica (80 usuarios), tienen un futuro incierto.

Lo mismo pasa con las 2.800 personas mayores que son usuarios de los tres centros municipales. La pregunta se repite: ¿quién financiará todos estos servicios cuando entre en vigor una norma que, como la Ley Local, prohíbe que los ayuntamientos lo hagan? «Estamos seriamente preocupados por lo que pueda pasar con la población más vulnerable de nuestra ciudad, porque lo que se trata de imponer es la privatización o la nada. La ley del Mercado es la ley la selva. El Gobierno de Rajoy parece que quiera legislar contra la gente», denuncia con amargura el alcalde de Rivas.

¿QUIÉN PROMOCIONA  EL DEPORTE?

Muchas veces el ciudadano medio disfruta de los servicios públicos sin conocer cuánto cuestan y quién los suministra. Entrenar con la escuela deportiva de natación, en el Cerro del Telégrafo; recibir un taller de fotografía de la UP (Universidad Popular) en el centro cultural García Lorca; o que tus hijas e hijos participen en los programas de la Casa+Grande o del Bhima Sangha, son actividades que desarrollan a diario miles de ripenses. En todos los casos citados y en muchos más es el Ayuntamiento de Rivas quien las financia y gestiona.

Los ayuntamientos fueron, en el inicio de la Transición a la democracia, las administraciones que más problemas resolvían a la ciudadanía. En un país en el que abundaban barracones en vez de colegios, barrizales en lugar de calles asfaltadas y donde los servicios públicos brillaban por su ausencia, fueron los alcaldes y alcaldesas, apoyados por los movimientos vecinales, los que lideraron la modernización de las urbes.

«Llevamos desde 1979 (fecha de la constitución de los primeros consistorios democráticos) trabajando para facilitar a nuestros habitantes servicios que hagan su vida mejor. Se podría decir que el Estado del Bienestar se ha hecho realidad en las ciudades en buena medida gracias a los ayuntamientos», recuerda José Masa.

«Cuando yo vine a vivir a Rivas muchos teníamos que estudiar en barracones porque los colegios no tenían capacidad para acoger a tanto chaval», recuerda Pedro del Cura, concejal de Educación. «Ahora tenemos 27 centros públicos de calidad y eso es gracias a la existencia de una administración local que escucha las necesidades de la gente aquí», completa.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Uno de los servicios que más valora la ciudadanía es el que se refiere a las actividades que se desarrollan a diario en la red de centros educativos públicos. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid financiaba a través de convenios de colaboración (en los que las dos administraciones aportan dinero) parte del funcionamiento de tres escuelas infantiles públicas (Rayuela, Luna Lunera, Platero) y la Casa de niños el Dragón.

La partida se ha reducido ostensiblemente en los últimos dos años. También subvencionaba apartados de los servicios de acogida en los coles, las actividades extraescolares y el mantenimiento y limpieza de los centros.

Desde este verano, la Comunidad de Madrid ha decidido limitar al mínimo (cuando no hacerlos desaparecer) los fondos con los que cumplía su parte de la mayoría de estos convenios. Un ejemplo: el Gobierno de Ignacio González ya no aporta un solo euro para financiar las actividades extraescolares, ni para los campamentos de navidad, semana santa o verano.

«El abandono de la Comunidad de Madrid de los convenios educativos dificulta la conciliación laboral de las familias»

Esta decisión unilateral tiene un efecto directo sobre las familias que se ven obligadas a pagar más por actividades que antes eran subvencionadas. Al mismo tiempo dificulta las posibilidades de conciliación laboral y familiar en hogares en los que cada vez se trabajan más horas fuera de casa y en condiciones más precarias.

«Rivas ha sido durante años un modelo respecto a los servicios educativos públicos porque siempre hemos creído que éste era un asunto vital en el que había que invertir aunque buena parte del dinero saliera de las arcas municipales», aclara Pedro del Cura, concejal de Educación. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Rivas desarrolla otros proyectos dirigidos a la comunidad educativa (alumnado, profesorado y progenitores), sostenidos exclusivamente con financiación municipal.

Este es el caso del SACE (Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa), un soporte de la actividad de las AMPAS. O el PAMCE (Programa de Apoyo Municipal a los Centros Educativos), un completo listado de actividades de promoción de la salud, del cuidado de medio ambiente, de coeducación, seguridad vial, que llega a los centros educativos sin coste alguno para las familias. «En el centro El Olivar estos programas se han convertido en esenciales», asegura el director del centro, Ernesto Olivares.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Otra de las víctimas de la Ley de Reforma Local es el empleo. En los ayuntamientos, y Rivas ha desempeñado durante más de una década un intenso papel en este campo, residía la capacidad de desarrollar programas vinculados a lo que se conoce como ‘políticas activas de empleo’. «Se trata de programas de orientación, formación e intermediación laboral que buscaban mejorar las posibilidades de acceso de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral», resume Ana Mª Reboiro, edil de Empleo y Formación.

También se invertía en asesorar a las y los emprendedores. En este aspecto, el PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio del Trámite) ha facilitado servicios gratuitos de asesoramiento, información y tramitación administrativa a emprendedores que quieren constituir su empresa, tanto a personas emprendedoras como a autónomos.

«Las políticas activas de empleo también son víctimas de una ley que recortará servicios de la mujer, mayores, jóvenes e infancia»

Luis Bravo, de 27 años, realizó en septiembre un curso de Automoción y Operaciones Auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos en el CEFOR 1, un centro municipal especializado en formación para el empleo. Este tipo de cursos que tienen como personas beneficiarias aquellas que han perdido su empelo se lleva a cabo en Rivas desde hace 15 años gracias al apoyo Comunidad de Madrid.

A partir de ahora, nadie sabe. Luis ha podido cubrir un periodo de 40 horas de prácticas en un taller mecánico de Rivas tras formarse. «Con las prácticas estoy muy bien. Si puedo haré más cursos, pero se me termina el paro dentro de poco». El futuro de Luis, como el de las miles de personas beneficiarias de muchos programas municipales conveniados con la Comunidad de Madrid queda en el aire con la aprobación de la Ley de Reforma Local.

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