El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa, se ha mostrado muy crítico con el Real Decreto Ley del Gobierno de Rajoy que establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las administraciones locales. En opinión de Masa, el Decreto que se aprobó el pasado 24 de febrero «es parcial, insuficiente e intervencionista y socava la autonomía de las administraciones locales. Estas medidas no deben, en ningún caso, ser excluyentes con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales».
El alcalde de Rivas ha realizado estas declaraciones la mañana del miércoles 29 de febrero a la salida de la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), de la que es miembro.
El regidor de Rivas, por otra parte, ha defendido la necesidad de asegurar a los proveedores, autónomos y empresas, una solución cuanto antes de las situaciones de retraso en los pagos por servicios ya prestados. «Este Ayuntamiento se ha implicado y se va a seguir implicando en garantizarlo y buscará todas las vías posibles«, apunta.
Desde el Ayuntamiento se sostiene que el mecanismo facilita la extinción de las deudas con empresas, pero no se responsabiliza de garantizar los servicios públicos municipales, con lo que se puede estar abriendo la puerta a un estrangulamiento en la aplicación de competencias que nos puede devolver a la configuración de la política local del siglo XIX.
El decreto articula la intervención en los ayuntamientos, detrayendo transferencias corrientes, limitando la aplicación de sus criterios propios y devolviendo a la minoría de edad a las entidades locales mediante un proceso de dirección centralizada por el Estado.
De ese modo, el valor de la cercanía en la prestación de servicios públicos se ve limitado y la experiencia adquirida por el municipalismo en más de treinta años de ayuntamientos democráticos aparcada en una vía muerta. Obliga además a modificar al alza las tasas de servicios públicos, trasladando el pago de la deuda a la ciudadanía sin que cuenten en ello criterios de redistribución de recursos y rechazando nuevamente el aumento de la presión fiscal a quienes más recursos obtienen y acumulan con su actividad económica.
INTERVENCIONISMO DESPROPORCIONADO
El Consistorio de Rivas remarca que se trata de un conjunto de medidas de intervención desproporcionadas, que han puesto en el punto de mira de la opinión pública a los ayuntamientos que somos responsables del 5% de la deuda de las administraciones y del aumento del 0,08% del déficit previsto. Como consecuencia del Real Decreto, pueden verse extinguidos algunos servicios públicos, encarecidos otros y abocados al paro numerosos trabajadores. De ese modo se contribuye a restar bienestar a la ciudadanía.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se insta al Gobierno a:
- Afrontar la necesidad de incrementar los ingresos municipales mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que es una de las reivindicaciones históricas del municipalismo español.
- Resolver el conflicto competencial por el que las Comunidades Autónomas transfieren y delegan servicios en las entidades locales pero no transfieren los recursos necesarios para que se presten.
- Asegurar que los proveedores, autónomos y empresas, vean resueltas cuánto antes las situaciones de retraso en los pagos por servicios ya prestados.
- Garantizar la permanencia de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, con la calidad y la universalidad que establece nuestra Constitución.
- Alcanzar en consenso con los ayuntamientos la puesta en marcha de medidas complementarias que resuelvan integralmente los retos a los que se enfrentan las entidades locales para salir de la crisis.
- Instar al Gobierno de la nación a que garantice el pago de las cantidades que las comunidades autónomas adeudan a los propios ayuntamientos. En ocasiones, el saneamiento de las cuentas de determinadas administraciones regionales se hace a costa del impago de las obligaciones adquiridas previamente con los ayuntamientos.
Por otro lado, el Consistorio de Rivas entiende como imprescindible que se garantice por parte del Gobierno central un periodo de carencia de un mínimo de dos años, y de 10 años en la amortización de los préstamos obtenidos para hacer frente a los retrasos en el pago a proveedores. Asimismo, sostiene que solo los Gobiernos Locales deben estar habilitados para presentar los planes de saneamiento y no los interventores, tal y como se ha planteado.
