JORNADA ‘ACTUAR PARA PROTEGERNOS’
Miércoles 19 de noviembre / 17.30.
Sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento.
Cira García Domínguez es la jueza titular del juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer de Getafe, e integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). Participa en la jornada ‘Actuar para protegernos’, el miércoles 19 de noviembre, desde las 17.30, en la sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento.
Usted insiste en que la protección a la infancia debe ser inmediata. ¿Actúa el sistema judicial con la rapidez y la sensibilidad que merecen las víctimas, especialmente niñas y niños?
El problema de España no son las leyes: tenemos leyes muy protectoras y garantistas —la LOPIVI es de 2021—. Una cosa es la norma y otra la aplicación. La protección del niño y la niña tiene que ser inmediata, rápida, urgente… Pero para eso hay que conocer la violencia vicaria. Si no se detecta, no podemos proteger. Hay profesionales con enorme sensibilidad, pero todavía encontramos casos en los que se duda del relato de la víctima o se considera que el daño a la infancia no es suficientemente grave como para actuar. Eso es un error. Cuando hablamos de violencia vicaria, cada minuto cuenta. La falta de respuesta o la demora judicial pueden tener consecuencias irreparables.
«Si no creemos en lo que dicen niñas y niños, los desprotegemos dos veces»
En su experiencia, ¿puede un maltratador seguir ejerciendo la paternidad?
Un maltratador nunca puede ser ya no un buen padre, sino un padre. Un padre es aquel que cuida. Los niños y las niñas sufren la violencia aunque no se les agreda directamente. La presencia de la violencia ya es violencia. Cuando se utiliza a los hijos o a las hijas para causar daño a la madre, es violencia vicaria, que puede expresarse de muchas formas, hasta el caso más extremo de asesinato. Un ejemplo podría ser la violencia económica —impago de pensiones, gastos, hostigamiento— porque instrumentaliza a niños y niñas para causar daño.
La ley reconoce el derecho de la infancia a ser escuchada y tenida en cuenta. ¿Qué falta para que ese derecho se cumpla siempre en la práctica judicial?
España tiene que dar un paso decisivo: una justicia adaptada a la infancia. Los menores no son apéndices de la madre, son titulares de derechos que tienen que ser respetados. Y entre esos derechos está el de ser oídos y escuchados, y que sus deseos y voluntad se tengan en consideración. Se les escucha muy poco y, cuando se les escucha, es para no tenerlos en cuenta, entendiendo que el niño está manipulado. Tenemos que quitarnos ese sesgo. Escuchar no es solo dejar que hablen, es dar valor a lo que expresan. Hay que entender su lenguaje, sus silencios, sus miedos. Y eso exige tiempo, formación y empatía. Si no creemos en lo que dicen, los desprotegemos dos veces.
«Todos los días se protegen vidas, pero hay que seguir mejorando en suspensión de visitas y detección temprana»
A pesar de su deslegitimación, hay casos en los que todavía se apela al falso síndrome de alienación parental o se impone la revinculación forzada. ¿Por qué persisten estas prácticas?
Aún hay jueces que siguen hablando del falso síndrome de alienación parental. Falta formación en perspectiva de género e infancia. Nunca se puede revincular a un niño que está rechazando al padre por violencia: es una atrocidad. Cuando se presume que la madre manipula al niño, se le resta credibilidad a su testimonio y se obliga a ese menor a convivir con quien teme. Eso no es justicia, es revictimización.
¿Siguen funcionando los Puntos de Encuentro Familiar?
Siguen existiendo, con personal a veces poco formado. Se revictimiza cuando, ante el rechazo del niño, se pone el foco en la madre en lugar de investigar la violencia. Mientras dependan de servicios privatizados sin control, no podemos garantizar espacios seguros. Un Punto de Encuentro no puede convertirse en un escenario de miedo. Tiene que ser un lugar de protección. Si no se dan esas condiciones, el sistema falla. Deberían ser gestionados por la administración.
«Aún hay jueces que siguen hablando del falso síndrome de alienación parental. Falta formación en perspectiva de género e infancia. Nunca se puede revincular a un niño que está rechazando al padre por violencia: es una atrocidad»
En la protección de las víctimas, la coordinación entre justicia, sanidad, escuela y servicios sociales resulta esencial. ¿Dónde se producen los fallos?
La ley ya obliga a coordinar, pero falta conocimiento práctico: muchos profesionales no saben cómo activar los canales de comunicación. Es clave que puedan detectar indicadores, comunicar y que la fiscalía o el juzgado actúen con agilidad. Además, debe ser una obligación estructural, con circuitos claros y recursos humanos suficientes. La detección temprana solo funciona si todos los engranajes están conectados.
¿Hasta qué punto los discursos negacionistas influyen en la respuesta institucional?
Negar la violencia es otra forma de violencia. Hay mucha desinformación. Quien lo niegue que venga un día a un juzgado de violencia y luego hablamos. Cuando una mujer o un niño escucha en televisión que la violencia no existe, el mensaje que recibe es que no se les va a creer. Y eso genera miedo.
¿Qué mensaje trasladaría a las mujeres y familias que sienten que el sistema no las protege lo suficiente?
El sistema ha avanzado: aumentan denuncias, órdenes de protección y condenas. Es verdad que cada vez que falla, las consecuencias son devastadoras. Pero todos los días se protegen vidas. Hay que seguir mejorando, especialmente en suspensión de visitas y detección temprana.
