‘ALLÁ ON FA MÉS MAL’: PROYECCIÓN Y COLOQUIO
VIERNES 22 NOVIEMBRE / 19.00.
Centro cultural García Lorca. Sala Marcos Ana. Plaza de la Constitución.
Isabel viene con una historia que ha dado mil vueltas y cada giro del camino le ha devuelto un golpe. Tantos, y tantas veces, que la propia Generalitat de Catalunya la ha reconocido como víctima de violencia institucional en virtud de su ley autonómica. Todo empezó en 2013. Un día, su hija de tres años y medio le expresa que su padre, presuntamente, abusa sexualmente de ella. “Me estaba separando y esta es una de esas cosas que se nos ponen en contra. Una mujer separada es una ‘despechada que solo quiere joder al padre’ y, según ellos, te inventas lo que sea”, deplora María Isabel Martínez Hervás, fisioterapeuta de profesión y residente en Barcelona. ‘Rivas Cultural’ habla con ella por teléfono una mañana a principios del pasado mes, a propósito de su participación en la campaña por el 25N contra las violencias machistas.
Tras ese primer estacazo, brota el interrogante: ¿Qué se hace ante algo así? Eso mismo se preguntó ella. Se informó y acudió solo unas horas después a las urgencias del hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona. “Me dicen que sí, que la niña ha relatado abuso y que hay sospechas pero que como en Urgencias no son expertos, tienen que verla en la unidad específica de ese hospital, y no me dan cita hasta más de un mes después”. Ese día, Isabel no entregó a la pequeña al progenitor, apoyándose en una orden de alejamiento emitida por la jueza de guardia basándose en el informe de urgencias “de sospecha de abuso sexual”. Y un mes y medio después, llegó la cita con la Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM). “Dijeron que no veían a la niña mal, pero nadie le interrogó por el padre. Solo le hicieron un test de inteligencia y le preguntaron si tenía miedo de ir a alguna de las casas de la familia. Todo delante de mí, de mi hermana y de cinco estudiantes. Acabaron diciendo que yo tenía una preocupación mórbida con riesgo de romper el lazo de filiación con el padre, es decir, me aplicaron el SAP [síndrome de alienación parental]”.
«Se supone que no le puedes otorgar la custodia a un padre que está con procedimientos abiertos. Pero el juez lo hizo»
El llamado síndrome de alienación parental es un constructo piscojurídico desacreditado por organismos internacionales, sin rigor científico y cuyo uso no está permitido, pese a que su práctica, bajo otras denominaciones, se sigue dando. Así se plasma en el estudio ‘Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España’, del Ministerio de Igualdad (2023). Ahí se recoge también cómo la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado contra el uso del falso SAP en los tribunales españoles, cuestionando que “el interés superior de niñas, niños y adolescentes se centre en la normalización de su relación con el padre, a pesar de existir pruebas sobre esa violencia”.
‘ALLÍ DONDE MÁS DUELE’
Con todo, Isabel emprendió a partir de ese momento un camino que hoy define como “tortura”, un proceso del que esta madre protectora –aquellas que han sufrido una retirada forzosa de custodia de sus hijos e hijas tras denunciar abusos o maltrato- ha salido de pie, y asegura que su caso no es el más grave. “Hay madres que pasan 5 años sin abrazar a sus hijos”, concreta. De estos casos habla el documental ‘Allá on fa més mal’ (‘Allí donde más duele’), que se proyecta dentro de la campaña anual en torno al día internacional contra las violencias machistas que, este 2024, en Rivas aborda la violencia vicaria. Tras su visionado, Isabel interviene en la mesa redonda desde su experiencia y desde su formación, postgraduada en Género e Igualdad por la UAB e integrante de la Plataforma Yo sí te creo y de la red de Madres Protectoras.
Su historia sigue, pues ella siguió también con la meta última de proteger a su hija. Archivada la vía penal, y otorgado al padre 14 días con pernocta, Isabel volvió a interponer denuncia y, esta vez, la fiscalía solicitó la apertura de la vía penal y se imputó al progenitor. “Durante la instrucción la niña seguía viviendo con él. Esto ya con la nueva ley no debería pasar, estando el padre imputado”, detalla, y denuncia que en ese tiempo nunca se la tomó declaración. “Al haberme etiquetado con preocupación mórbida yo paso a ser un cero a la izquierda, no me tienen en cuenta”.
En ese proceso, un día Isabel se percata de otro hecho que la moviliza: “Cuando la niña tiene 7 años, una noche al ponerle el pijama veo que tiene golpes en el culo. Me cuenta que el padre, presuntamente, le ha pegado”. En ese momento, madre y niña pasaban un fin de semana familiar en Madrid, y acuden al hospital Niño Jesús, de donde salen con un completo informe con detalles de lo que la niña había padecido, según relata Isabel, que envía dicho documento al juez instructor, en Barcelona. Sin embargo, los Servicios Sociales respondieron alegando que la madre estaba ocasionando “situación de maltrato” porque en Barcelona no le daban la razón. Se archiva de nuevo la vía penal y el progenitor solicita un informe de modificación de medidas que termina por retirarle la custodia a Isabel. Todo “teniendo dos procedimientos penales abiertos en la audiencia, que no se tuvieron en cuenta. Se supone que no le puedes otorgar la custodia a un padre que está con procedimientos abiertos. Pero el juez lo hizo. Le dieron la custodia y me dijeron que como yo insisto en decir que el padre es un maltratador me quitan la patria potestad de llevarla a ningún psicólogo ni tener acceso a tratamientos médicos de mi hija”. Con 12 años, la niña expresa que quiere vivir más días con su madre, y tanto el juez como la fiscal se oponen alegando que se trata de los deseos de la madre.
Isabel fue víctima de la aplicación del SAP, y ahora ayuda a otras madres que pasan por lo mismo. Pide más visibilidad
LA HUELLA FÍSICA
La vulneración del derecho a la salud integral de madres, infancia y adolescencia es uno de los puntos del estudio del Ministerio de Igualdad antes citado. En él, se exponen las patologías a consecuencia de todas las formas de violencia sufridas por las niñas y niños cuyos casos fueron documentados para este trabajo. Estos datos proceden tantos de los informes médicos y psicológicos aportados por las madres que en la actualidad ostentan la patria potestad, como de los relatos de las entrevistas y de sentencias judiciales. Y entre las patologías que recoge este estudio figura la ansiedad, estrés postraumático, agresividad, depresión, vómitos, tics nerviosos, erupciones cutáneas, retraso cognitivo en el habla, mutismo selectivo o trastornos de la alimentación.
«Debido al aislamiento, estas niñas y niños no pueden ser atendidos por los servicios de salud con los síntomas reales que tienen. Todo se reduce al conflicto entre progenitores. Nunca se les diagnostica como tal», deplora María Isabel. Dicho documento también recoge las patologías que desarrollan las madres que deciden proteger a sus hijos e hijas, como migrañas, fibromialgia, fatiga crónica, alternaciones del sueño, asma, dolores articulares, arritmias pérdidas de memoria o conductas autolíticas.
Hoy, desde la perspectiva del tiempo, tantas batallas perdidas y con un diagnóstico claro de lo sucedido: fue víctima de la aplicación del SAP, Isabel ahora ayuda a otras madres que pasan por lo mismo. Pone el cuerpo y la salud en esta causa para la que pide más visibilidad. “Hay madres que no pueden hablar porque tenemos a los jueces y a los padres detrás. Al final esto te revictimiza. Sé que esta tarde estaré con ansiedad. Tras cada entrevista acabas con síntomas. Te pasa factura”.
Y, después de todo, ¿volvería a denunciar? “Cuando tocan a tus hijos y ves que los has perdido y que no has podido ayudarlos, todas las madres decimos que no volveríamos a denunciar. Haces lo posible para llegar a un acuerdo de alguna manera y no denunciarías porque esto es una tortura”.