Moción del Grupo Municipal Socialista, a la que se adhiere el Grupo Municipal IU-Más Madrid-Verdes Equo relativa a la interrupción voluntaria del embarazo

Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones, convenciones y pactos de Naciones Unidas y otros documentos aprobados internacionalmente.

La Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer de 1995 recogió que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia».

En España el primer paso se dio en 1985 con un Gobierno Socialista que aprobó la conocida como "ley de supuestos", que conseguía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, riesgo para la salud física/psíquica de la madre y malformación el feto. Este avance supuso un importante cambio social en los primeros años de la democracia. Con anterioridad, las mujeres que querían ejercerlo se veían obligadas a hacerlo de forma clandestina poniendo en grave riesgo su integridad física y moral, e incluso, hasta su propia vida.

Pero fue la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, conocida como "ley de plazos", la que garantizó el derecho a interrumpir el embarazo para todas las mujeres. Y a ejercerlo en condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Un antes y un después para la igualdad en nuestro país. En el preámbulo de dicha norma se establece que "La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual."

En 2023 fue otro Gobierno progresista, encabezado por Pedro Sánchez, quien reformó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo para hacerla más garante, ampliando la protección de las mujeres y poniendo en el centro la salud sexual y reproductiva.

En este proceso, es de justicia también reconocer la labor del movimiento feminista. El trabajo de tantas asociaciones y mujeres anónimas que lucharon incansablemente hasta convertir la reivindicación en ley.

Sin embargo, iniciativas como la aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre informar en los centros dependientes del Ayuntamiento de Madrid sobre el inexistente e infundado científicamente "síndrome postaborto", suponen un intento de culpabilizar y estigmatizar a las mujeres. Aunque no es la primera vez que el Partido Popular trata de recortar este derecho. Lo intentó a través de su recurso rechazado en el Tribunal Constitucional y con la reforma fallida de la ley orgánica 2/2010 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Por ello, el Gobierno de España, continúa en la senda de progreso y acaba de anunciar que llevará al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución y así blindarlo frente a los ataques.

En la Comunidad de Madrid no hay formación afectivo sexual en los centros educativos. Los centros de planificación familiar han desaparecido. Es la única región donde no se han financiado con recursos propios la píldora postcoital y métodos anticonceptivos modernos. Y solo el 0,37% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en la sanidad pública durante 2024. A esto se añade que las clínicas privadas autorizadas se ven obligadas a funcionar sin convenio ni contrato, sufriendo constantes retrasos en los pagos por parte de la Consejería de Sanidad. Además, la financiación pública de esta prestación para las mujeres de origen extranjero se ha reducido de forma alarmante.

La Comunidad de Madrid, en palabras de su Presidenta, se ha declarado expresamente insumisa a la hora de aplicar la Ley: no cuenta con un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ni tampoco con un registro de objetores de conciencia. Y siguen sin poner en marcha medidas que garanticen entornos libres de hostigamiento en las clínicas IVE.

El Estado de Derecho no puede permitir que Comunidades Autónomas incumplan su obligación legal de garantizar que las mujeres puedan ejercer su libre derecho al aborto en los términos que legalmente se regula y de ofrecer la prestación sanitaria necesario para hacer valer su derecho.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista eleva las siguientes propuestas al pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid:

ACUERDOS:

• Instar al Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a reafirmar la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido y protegido, manifestando expresamente su apoyo a la iniciativa del Gobierno de España de incluir este derecho en la Constitución.
• Instar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente 'síndrome postaborto'.
• Instar a la Comunidad de Madrid a que despliegue plenamente todas las medidas que le corresponden recogidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en especial:
  • Aprobar un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como establecer un registro de sanitarios objetores de conciencia.
  • Garantizar la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados desde la Consejería de Sanidad, a través de la Atención Primaria y los hospitales públicos.
  • Atención hospitalaria de urgencia mediante información protocolizada, acciones de prevención y asistencia, así como acceso a la píldora postcoital gratuita.
  • Proceder con la máxima diligencia una vez que la decisión está tomada por parte de la gestante e informar adecuadamente a la mujer para conseguir en lo posible la IVE precoz, ofertando tanto la opción farmacológica como instrumental y priorizando su realización en los hospitales públicos.
  • Garantizar la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer.
• Instar a la Comunidad de Madrid a adjudicar contratos/convenios a las clínicas acreditadas IVE que aseguren las condiciones necesarias tanto para los y las profesionales como para las usuarias, procurando además que no se produzcan actividades de hostigamiento ni desinformación en dichos entornos.
• Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Sanidad y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Una vez cerrado el debate, el Pleno, previa deliberación y debate

ACUERDA

por 14 VOTOS A FAVOR emitidos por Dª. Aida Castillejo Parrilla, Dª. Rosario Sandoval Morales, D. José Luis Alfara González, Dª. Yasmín Elena Manji Carro, D. José Manuel Castro Fernández, Dª. Misericordia Chamorro Sánchez, Dª. Manuela Refolio Bonito, Dª Ángela Vijández Salas, D. Juan José González Blas, Dª. Mónica Carazo Gómez, Dª. Pilar Gabina Alonso García, D. Alberto Cabeza Saco, Dª. María Luisa Pérez González y Dª María Elena Muñoz Echeverría.

2 VOTOS EN CONTRA emitidos por Dª Eliana Palacios Albornoz y Dª. María De Los Ángeles Guardiola Neira.

9 ABSTENCIONES de Dª. Janette Novo Castillo, D. Francisco José Gallardo López, D. Álvaro Garrucho Díaz-Pavón, Dª. María del Camino Rodríguez Prieto, D. Jesús Martínez Caballero, Dª. Leticia María Panadero Sáez, D. Francisco Javier Gil Rodríguez, Dª. Amara María Gómez Garzón y D. José Luis Borrallo Álvarez.

Por lo que por mayoría absoluta, se adoptan los acuerdos anteriormente referidos en la propuesta, y que son los siguientes.

• Instar al Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a reafirmar la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido y protegido, manifestando expresamente su apoyo a la iniciativa del Gobierno de España de incluir este derecho en la Constitución.
• Instar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a proteger la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente 'síndrome postaborto'.
• Instar a la Comunidad de Madrid a que despliegue plenamente todas las medidas que le corresponden recogidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en especial:
  • Aprobar un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como establecer un registro de sanitarios objetores de conciencia.
  • Garantizar la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados desde la Consejería de Sanidad, a través de la Atención Primaria y los hospitales públicos.
  • Atención hospitalaria de urgencia mediante información protocolizada, acciones de prevención y asistencia, así como acceso a la píldora postcoital gratuita.
  • Proceder con la máxima diligencia una vez que la decisión está tomada por parte de la gestante e informar adecuadamente a la mujer para conseguir en lo posible la IVE precoz, ofertando tanto la opción farmacológica como instrumental y priorizando su realización en los hospitales públicos.
  • Garantizar la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer.
• Instar a la Comunidad de Madrid a adjudicar contratos/convenios a las clínicas acreditadas IVE que aseguren las condiciones necesarias tanto para los y las profesionales como para las usuarias, procurando además que no se produzcan actividades de hostigamiento ni desinformación en dichos entornos.
• Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Sanidad y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.