Moción del Grupo Mixto (Podemos), I.U.-Equo-Más Madrid y Socialista relativa a la situación del transporte público de la Comunidad de Madrid

Pleno de 27 de octubre de 2022.

La Concejala Delegada de Transición Ecológica, Vanesa Millán Buitrago da lectura a la siguiente moción:

“Las Administraciones Públicas tienen que garantizar el derecho a la movilidad sostenible por medio de servicios públicos de transporte de calidad accesibles para el conjunto de la población, y los ayuntamientos son los encargados de garantizar una movilidad urbana sostenible en el ejercicio de su autonomía municipal. Al mismo tiempo, todas las Administraciones deben cooperar en aportar soluciones y recursos para aligerar las cargas económicas derivadas de los efectos de la crisis social provocada por la guerra en Ucrania; y la Comunidad de Madrid también puede y debe actuar facilitando los recursos necesarios y colaborando con los ayuntamientos desde el respeto a sus competencias municipales.

En ese contexto, las medidas adoptadas por el Gobierno de España para facilitar el acceso al transporte público de su competencia son buen ejemplo de que desde las Administraciones Públicas existen herramientas para incentivar y facilitar el acceso al transporte público de la población en estos momentos difíciles. La Comunidad de Madrid, sin embargo, no ha adoptado ninguna medida especial para paliar los efectos económicos derivados de la inflación y que afecta y afectará en los próximos meses a miles de familias en nuestra región.

Son varias las propuestas planteadas desde colectivos, sociedad civil y otras instituciones para mejorar los servicios que se prestan en materia de transporte público y cuyas competencias son estrictamente de ámbito autonómico.

El anuncio sobre la rebaja al 50% de los abonos de transporte en la Comunidad de Madrid, cofinanciada por los Gobiernos nacional y regional, es una buena noticia que promueve el uso del transporte público. Sin embargo, lejos de suponer un compromiso de la Comunidad de Madrid con el transporte público, el gobierno regional del PP carga el coste sobre los ayuntamientos, demostrando una falta de sensibilidad con la grave situación de infrafinanciación municipal.

El ejecutivo autonómico cambió el método de cálculo de las tasas que se cobra a los ayuntamientos en esta materia. Anuncia medidas que se financian con los presupuestos municipales y no con recursos de la Comunidad. El gobierno regional ha establecido un mecanismo para que los municipios financien cada vez más el transporte público pero privando a las Administraciones locales de la participación en la gestión del servicio y en las decisiones que afectan directamente a los municipios, vulnerando el principio de autonomía municipal y de cooperación entre las Administraciones.

De este modo, los ayuntamientos pierden capacidad de desarrollar políticas de movilidad sostenible a pie de calle a pesar de ser la administración más próxima a los vecinos y a las vecinas, ya que los recursos que provienen de las tasas no pueden ser invertidos en medidas de movilidad pensadas desde el municipio.

Lo justo sería que todas las Administraciones cooperáramos empujando desde nuestros ámbitos para lograr una movilidad más sostenible. Se trata de cumplir el mandato constitucional de respetar el autogobierno local y de la cooperación entre las Administraciones para defender el acceso a los servicios públicos por parte de la ciudadanía desde el respeto a los diferentes niveles competenciales. Además otro de los problemas más relevantes en nuestro municipio en materia de transporte y al que no se está dando solución, es responsabilidad del Gobierno autonómico, respecto al metro, la división tarifaria de nuestra ciudad, las averías frecuentes que interrumpen el servicio o la construcción de la cuarta estación de metro, así como el necesario soterramiento de las vías de ferrocarril para reducir el impacto acústico, principalmente en las horas nocturnas. De hecho no es la primera vez que presentamos propuestas de este tipo en esta legislatura para la mejora de la calidad del servicio público de metro y el transporte, como así se aprobó y presentó en una moción en enero de 2020, noviembre de 2021 o enero de 2022.

Por otro lado, el pasado 13 de junio fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, conocida como “Ley Uber de Ayuso”. Esta nueva ley debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC. Una regulación que debería haberse realizado respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.

La mencionada ley, prescindiendo de los mínimos requisitos legales e invadiendo de forma manifiesta las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorga autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid.

Estos hechos suponen una gravísima violación de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos, afectando a una materia tan sensible como el transporte urbano y la movilidad sostenible en las localidades afectadas por el decreto. La vulneración de la competencia municipal en materia de transporte urbano colisiona de forma inaceptable con nuestro ordenamiento constitucional.

Por todo ello, los Grupos Municipales Mixto (Podemos), Izquierda Unida- Equo-Más Madrid y Socialista proponemos a este pleno que adopte los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que ponga en marcha las medidas oportunas y aporte los recursos necesarios para garantizar una red de transporte público accesible y asequible para los madrileños y madrileñas. Contribuyendo de este modo a tener una región mejor vertebrada y comunicada y sostenible medioambientalmente. Debe atender en este sentido las demandas de los colectivos sociales y las Administraciones locales para la mejora del transporte público:

En el caso del Metro: aumento de la tasa de reposición de empleados de Metro; adquisición de trenes para Metro de Madrid; y recuperar y mejorar la frecuencia de trenes en la red de Metro de Madrid. Concretamente además en el caso de Rivas eliminar la división tarifaria y dar cumplimiento a la construcción de la cuarta estación de metro, así como el necesario soterramiento de las vías de ferrocarril para reducir el impacto acústico principalmente en las horas nocturnas.

En cuanto a la calidad del servicio de transporte público en general: tarifa única de 10 euros en toda la red regional de transporte hasta el 31 de diciembre de 2022, con la garantía de realizar un estudio anual que garantice su viabilidad con el fin de ayudar a las familias y hacer frente al reto de descarbonización y al cumplimiento de los objetivos contra el cambio climático; tarjeta única de transporte, con unificación en una sola tarjeta de todas las opciones de billete que puedan utilizar los usuarios y usuarias de transporte público; y una APP pública única de todo el transporte público de precio regulado, con información clara de trayectos, opciones de viajes incluyendo entre las posibilidades de tipo de transporte al Taxi.

SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al restablecimiento de la legalidad mediante la derogación de la Ley 5/2022 de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, ya que vulnera gravemente el ordenamiento constitucional al invadir las competencias municipales en materia de transporte urbano. La Administración competente para tramitar las autorizaciones urbanas es la Administración municipal sin perjuicio de la capacidad regulatoria de la Comunidad de Madrid, que en cualquier caso debe respetar la competencia municipal en el establecimiento de condiciones específicas adaptadas a las necesidades de movilidad sostenible de la localidad.”

La moción es aprobada por 16 votos a favor emitidos por Aída Castillejo Parrilla, José Luis Alfaro González, Yasmín Elena Manji Carro, Manuela Refolio Bonito, María del Carmen Rebollo Álvarez, José Manuel Castro Fernández, Ángela Vijandez Salas, Mónica Carazo Gómez, Luis Gabriel Altares del Cabo, Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de Mendoza, María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco, Elena Muñoz Echeverría, Vanesa Millán Buitrago, Amaya Leticia Gálvez Espinar, 4 votos en contra emitidos por Janette Novo Castillo, Francisco José Gallardo López, Mª de los Ángeles Guardiola Neira, Bernardo González Ramos y 4 abstenciones correspondientes a, Roberto de la Hoz Segura, Luis Mas Gutiérrez, María Teresa Cintora Conde, Jorge Badorrey Cuesta.