Moción de los grupos municipales Socialistas, Izquierda Unida-Equo-Más Madrid y Mixto (Podemos) sobre la reapertura de la Comisión de Investigación sobre lo acontecido en las residencias de personas mayores durante la pandemia

Pleno de 30 de junio de 2022.

La Concejala Mónica Carazo Gómez da lectura a la siguiente moción:

En la Comunidad de Madrid, entre los meses de marzo a junio de 2020 la epidemia de COVID-19 se produjeron la mitad de las muertes de toda España: 9.468 en Madrid, 20.000 en total, murió uno (1) de cada cinco (5) residentes, 7.291 de unos 47.000 que en ese momento tenia plaza en alguna residencia de nuestra comunidad. De los 9.468 fallecidos 7.291 (el 77%) de personas mayores que vivían en las residencia, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria porque lo prohibió el Gobierno Regional presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Estas muertes pusieron de manifiesto las debilidades del modelo de atención residencial implantado, incapaz de hacer frente a una pandemia, las limitaciones de material de protección personal para los y las trabajadoras, y la ausencia de protocolos de prevención de infecciones en estos centros.

En dichas residencias, no había medios para una atención sanitaria adecuada, ni condiciones para una muerte digna, por lo que no es descartable que esta situación contribuyese a la elevada mortalidad que se dio en las residencias.

Existieron unos protocolos, elaborados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dieron lugar a seleccionar qué personas contagiadas con la COVID-19 de las residencias de personas mayores podían ser trasladadas al hospital y cuáles no.

Fue tal la gravedad de los hechos que desde los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés se presentaron demandas ante el Tribunal Superior de Justicia para solicitar medidas cautelarísimas para que se procediese a la medicalización inmediata de las residencias de los mencionados municipios, algo que aceptó el Alto Tribunal, obligando con ello a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas en las residencias, sin embargo, el Gobierno Regional desoyó a la justicia.

Ante la gravedad de los hechos la Mesa de la Asamblea de Madrid acordó que el 6 de julio del 2020 se celebrara la sesión constitutiva de la comisión de investigación de residencias, para analizar la gestión de los centros sociosanitarios de la región durante la pandemia del coronavirus. La creación de esta comisión fue impulsada conjuntamente por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Esta comisión quedó disuelta 11 de marzo del 2021 al convocarse elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, cabe decir que existen motivos suficientes para investigar estos hechos y pedir responsabilidad a sus posibles responsables, cuya importancia es tanto moral, como relativa a la calidad de vida y a la de una muerte digna en estos centros; tanto en relación a lo pasado, como, sobre todo, al futuro, a pesar de que una mayoría de diputadas y diputados de la Asamblea de Madrid, por votación el pasado 15 de julio 2021, haya decidido no continuar con la Comisión de Investigación, creada en la legislatura pasada.

Uno de los motivos más importantes para continuar con esta comisión de investigación es la falta de un relato objetivo que saque a la luz toda la verdad y que se asuman las responsabilidades que dieran lugar y que ayuden a las familias a paliar el sufrimiento que, sin duda, siempre les acompañará.

Familiares de estas personas mayores fallecidas, denunciaron las irregularidades de estas residencias y los protocolos que llegaron desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, convirtiéndola en una denuncia colectiva que, a día de hoy, todavía no se ha resuelto en los juzgados, pero que esperan que se resuelva lo más pronto posible y de una manera favorable a todas estas víctimas, que recientemente se han constituido en plataforma ciudadana bajo en nombre de Verdad y Justicia.

Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores, nace como movimiento ciudadano con el fin de lograr que se sepa lo que pasó y de que ningún responsable quede impune. En ella están familiares de personas fallecidas, familiares de residentes, trabajadoras y trabajadores de residencias, personas cuya profesión tiene relación con este asunto -periodistas, trabajadoras sociales, personal de enfermería, médicos y médicas, abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas...-, exdiputados y exdiputadas de la Comunidad de Madrid que en su día tuvieron responsabilidades o hicieron seguimiento de las residencias y personas de la sociedad civil a título particular.

Por otra parte, es necesario elaborar un estatuto o norma con el fin de proteger y no silenciar a los y las profesionales que trabajan en Residencias cuando denuncien situaciones de precariedad o falta de medios para atender a las personas residentes al ser estas trabajadoras y trabajadores los que mejor pueden auditar la calidad de los servicios que reciben las personas que allí viven.

Por todo lo expuesto los Grupos proponentes elevan al Pleno para su debate y aprobación los siguientes

ACUERDOS:

1.    Instar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid a la apertura de la Comisión de Investigación sobre lo acontecido en las Residencias de Personas Mayores durante la pandemia como condición imprescindible para avanzar en medidas correctoras, siendo necesario conocer la verdad de lo sucedido a las personas residentes, así como a los y las trabajadoras, para que actuaciones y hechos como los pasados no se vuelvan a repetir.

2.    Establecer los mecanismos y herramientas necesarias para proteger a los y las trabajadoras de las Residencias cuando denuncian o informan de la falta de recursos tanto materiales como humanos para poder dar una atención adecuada y de calidad a las personas mayores que viven en una residencia.

La moción es aprobada por el Pleno por 19 votos a favor de Mónica Carazo Gómez, Luis Gabriel Altares del Cabo, Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de Mendoza, María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco, Pedro del Cura Sánchez, Aída Castillejo Parrilla, José Luis Alfaro González, Yasmín Manji Carro, Manuela Refolio Bonito, María del Carmen Rebollo Álvarez, José Manuel Castro Fernández, Vanesa Millán Buitrago, Amaya Leticia Gálvez Espinar, Jorge Badorrey Cuesta, Luis Mas Gutiérrez, María Teresa Cintora Conde, Roberto de la Hoz Segura, 3 votos en contra de Francisco José Gallardo López, Janette Novo Castillo y Antonio Sanz González y 1 abstención de María de los Ángeles Guardiola Neira.