Pleno de 24 de febrero de 2022.
El concejal José Luis Alfaro González, da lectura a la siguiente moción:
“Para muchos Ayuntamientos, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios públicos de educación infantil, primaria o educación especial, implica un importante gasto en limpieza, suministros de agua, gas, electricidad, conserjería, etc. En la mayoría de las ocasiones, es casi imposible dirimir entre mantenimiento y rehabilitación y, por tanto, qué gasto debe asumir la CAM y qué gasto los Ayuntamientos. Es por ello, que la cooperación que venimos realizando con la Administración Educativa en el SOSTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LOS CENTROS DOCENTES públicos nos resta capacidad presupuestaria para atender otras necesidades y servicios en nuestro ámbito local respectivo.
A esto se une que, al tratarse de la administración más cercana, la comunidad educativa recurre siempre en primera instancia a los Ayuntamientos para que sean estos los que subsanen los problemas de conservación y mantenimientos que se dan en los Centros Educativos. Los Ayuntamientos ante estas reclamaciones y con el compromiso de dar la mejor respuesta para nuestros vecinos y vecinas, garantizar la mejor calidad de la educación pública y sobre todo dar una respuesta rápida y eficaz terminamos asumiendo gastos de los cuales la mayor parte no se corresponden con nuestras competencias.
Los Ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, en nuestro firme compromiso y garantía de calidad con la educación pública, en la mayoría de las ocasiones, para dar una solución rápida y eficaz a las familias y a la comunidad educativa en conjunto, terminamos asumiendo estos gastos que generan los centros educativos públicos.
La Comunidad de Madrid aprobó en 2001 el Decreto 66/2001, de 17 de mayo, con el que estableció la cooperación de las Corporaciones Locales con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la gestión de construcciones escolares, así como en la reforma, ampliación, mejora y conservación de estas. En dicho Decreto, se establece la necesidad permanente de cooperación entre Comunidad y corporaciones locales para el buen funcionamiento del servicio educativo. En su artículo 6, se concretan una serie de actuaciones, donde desarrollar esta cooperación y posibles convenios de gestión:
a) Construcción de nuevos centros docentes.
b) Ejecución de obras de reforma y mejora.
c) Reparación, adaptación y transformación de los actuales centros docentes públicos como consecuencia de la nueva ordenación académica.
d) Obras de conservación y reparación en los edificios de educación secundaria.
e) Adquisición de equipamiento.
Por todo ello, se estableció la fórmula de Convenio RAM de Reforma, Ampliación y Mejora de los centros escolares públicos con los Ayuntamientos, con unos fondos destinados para ello.
Sin embargo, estos convenios caducaron y la Comunidad de Madrid fue reduciendo los créditos presupuestarios hasta su supresión, a pesar de que éstos se hacen necesarios.
Gran parte de los ayuntamientos de la región, cuentan en su haber con centros educativos en los que es necesario acometer no solo un mantenimiento, sino una fuerte inversión en mejora y renovación de las instalaciones.
El propio gobierno de la Comunidad de Madrid, ante las demandas que les venimos realizando desde los Ayuntamientos, anunció en diciembre de 2019 que estaba trabajando en la elaboración de una estrategia integral de infraestructuras y la elaboración de planes específicos de mejora, renovación y conservación de centros educativos, en colaboración con los ayuntamientos.
El comunicado decía, “se tratará de optimizar las infraestructuras educativas ya existentes, mediante la elaboración de planes específicos de mejora, renovación y conservación de centros educativos, en colaboración con los ayuntamientos. Igualmente, se promoverán acuerdos con las administraciones locales que permitan acometer intervenciones integrales y unitarias en los centros, dando prioridad a iniciativas de mejora de la accesibilidad, mejora de la eficiencia energética y optimización de recursos públicos que son principios inherentes al espíritu de la propia Ley"
Sin embargo, hasta la fecha, los ayuntamientos seguimos esperando poder recuperar dichos fondos tan necesarios.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que tan importante es dotar de una infraestructura educativa en aquellos espacios donde sea necesario, como de mantener en óptimas condiciones los centros ya construidos y las infraestructuras educativas, los Grupos Municipales de IU-EQUO-Más Madrid, Socialista y Mixto (Podemos) proponen al Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la adopción del siguiente
ACUERDO:
1. Instar a la Comunidad de Madrid a que finalice todas las infraestructuras que están en marcha, todas las que ya han sido presupuestadas en algún momento, pero no se han llevado a cabo y que realice un nuevo Plan de Inversiones para infraestructuras educativas que dé respuesta real a las necesidades de los pueblos, ciudades y crecimientos urbanísticos previstos.
2. Instar a la Comunidad de Madrid a que se reactiven los Convenios de obra RAM de (Reforma, Ampliación y Mejora de los Centros Escolares), la puesta en marcha de un Plan de Adecuación Integral de los edificios educativos más antiguos y delimitar las obras que tiene que acometer el Gobierno de la Comunidad, en el marco de sus competencias.
3. Instar a la Comunidad de Madrid a que asuma la conservación, mantenimiento y vigilancia (ahora es realizada por las EELL). Esto supone iniciar un cambio normativo que acabaría con las discrepancias competenciales en el ámbito educativo abriendo el debate que quién tiene la competencia debe ejercerla en toda su amplitud, tanto en su funcionamiento cómo en sus infraestructuras."
La moción es aprobada por 16 votos a favor emitidos por :Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González, Yasmín Elena Manji Carro, Manuela Refolio Bonito, Mónica Carazo Gómez, Luis Gabriel Altares del Cabo, Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de Mendoza, María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco, Elena Muñoz Echeverría, Roberto de la Hoz Segura, Luis Mas Gutiérrez, María Teresa Cintora Conde, Jorge Badorrey Cuesta y Vanesa Millán Buitrago; 4 votos en contra emitidos por: Janette Novo Castillo, Francisco José Gallardo López, Antonio Sanz González y Mª de los Ángeles Guardiola Neira y una abstención correspondiente a Bernardo González Ramos.