Moción de los grupos municipales de Izquierda Unida-Equo y Podemos para que se derogue el delito de injurias a la Corona y para reafirmar el compromiso con los valores republicanos y la democracia

Pleno de 29 de noviembre de 2018

La Sra. Concejala delegada de Hacienda Dª Sira Abed Rego, da lectura a la siguiente moción:

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para reprobar el comportamiento del Rey por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde lejos de asumir el papel de arbitraje y moderación que le atribuye el ordenamiento constitucional, tomó partido en la confrontación abierta y ahondando en la fractura en la sociedad catalana. Una irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona.

Ante el acuerdo del Parlament, que no tiene efecto jurídico alguno más allá de la expresión de un posicionamiento político de la mayoría de las fuerzas políticas allí representadas, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba "políticamente inaceptable" la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso contra el Parlament.

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión, impulsada por Unidos Podemos, que recoge precisamente este acuerdo.

Por otra parte los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón.

A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado.

Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un referéndum sobre Monarquía y República.

Por todo ello, el grupo municipal de Somos Rivas y el Grupo Municipal Rivas Puede propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.

SEGUNDO: Apoyar a todas las instituciones democráticas que puedan pronunciarse en términos similares a los de esta moción, en el ejercicio de la libertad de expresión de sus cargos electos, en posicionamientos políticos legítimos, se compartan o no, sobre la jefatura del Estado.

TERCERO: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la superación de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.

CUARTO: Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios suficientes de delito.

QUINTO: Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República.

SEXTO: Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

La moción es aprobada por 15 votos a favor emitidos: 7 por los concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida-Equo, 6 por los concejales del Grupo Municipal Podemos, 2 por los concejales no adscritos; ninguna abstención y 10 votos en contra emitidos: 4 por los concejales del Grupo Municipal Popular, 2 por los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) y 4 por los concejales del Grupo Municipal Socialista.