Declaración Institucional a propuesta del Consejo de Mujeres con motivo del Día Internacional contra las violencias machistas

Pleno de 25 de noviembre de 2021.

La concejala delegada de Feminismos y Diversidad, Yasmin Elena Manji Carro, da lectura a la siguiente declaración institucional.

La violencia de género va más allá de la violencia que se da dentro de la pareja o ex pareja, abarcando todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Además, no se trata de un problema privado, sino que es un problema estructural que requiere que desde todas las instituciones reconozcamos los derechos de las mujeres y pongamos en marcha recursos para erradicar esta violencia y dar la mejor atención y protección a las mujeres víctimas de violencias machistas.

En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser privado; apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

Con motivo del 25N Día Internacional Contra las Violencias Machistas, este año 2021 desde el Consejo de Mujeres exigimos una justicia feminista. Por ello, hemos analizado las carencias existentes en materia de perspectiva de género del sistema judicial español, escuchado testimonios de supervivientes de violencias machistas sobre su experiencia en la vía judicial, y mostrado la realidad de formación y capacitación de juezas y jueces, abogacías y fiscalías en la materia.

En 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley que marcó el inicio de una serie de cambios estructurales para asegurar y garantizar la integridad de las mujeres y combatir las violencias machistas. Esta norma es pionera en Europa y trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato que históricamente han sufrido las mujeres; la violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Se trata de una norma integral, que no solo aborda la perspectiva punitiva, sino que tiene en cuenta la prevención y las medidas de protección.

Sin embargo, a pesar de contar con esta ley en nuestro país, y de que han pasado 16 años desde su aprobación, todavía miles de mujeres se enfrentan a juicios en órganos que no están especializados en este tipo de delitos. En los juzgados de lo Penal, que deciden sobre un grueso importante de la violencia machista, solo 32 de 388 cuentan con jueces y fiscales con formación especializada, lo que provoca que del total de sentencias dictadas en 2018 (último año con datos disponibles) una de cada tres sentencias, el 35%, se produjo en juzgados sin especializar.

La ley contempla que desde el momento en el que se interpone una denuncia las mujeres cuenten con el asesoramiento de una abogada o abogado, pero algo está fallando cuando muchas mujeres víctimas de violencia de género se encuentran con esta figura profesional en el juzgado poco tiempo antes de la vista. Otro de los puntos importantes de esta Ley tiene que ver con la especialización de la fiscalía, abogacía y la judicatura. Tratándose de un tema complejo se requeriría una formación en profundidad, que no se está dando como sería necesario, sobre todo en la fiscalía y la judicatura.

En la actualidad nos encontramos con ejemplos que manifiestan la necesidad de poner el foco en el entorno judicial con el objetivo de mejorar la protección y la intervención con las mujeres víctimas de violencias machistas. Llamar “jolgorio” a una cruel violación grupal, decir que “vamos provocando con la minifalda”, preguntar si cerró las piernas, llamar “bicho” o “hija de puta” a una mujer denunciante, condenar a una mujer a ir a la cárcel por secuestro ante la búsqueda de protección de sus hijos, recurrir al falso síndrome de alienación parental para entregarle los niños a un maltratador,... Todo esto no son meras anécdotas, entendidas como hechos irrelevantes que no representan al sistema judicial, sino que son dolorosos ejemplos que nos muestran lo mismo que nos indican las estadísticas oficiales. Desde el 87% de órdenes y medidas de protección adoptadas en Murcia frente al 50.4% de Cataluña o el 54% de Madrid tenemos más de 30 puntos de diferencia sobre la protección a mujeres según te toque un juez o jueza u otro. En esta línea, en las Conclusiones del Encuentro de Jueces y Juezas de Violencia sobre la Mujer con Jueces y Juezas de Familia (6 al 8 de octubre de 2021) se incide una vez más en la importancia de la formación con perspectiva de género, tanto inicial como continuada.

Es necesaria una justicia feminista para que las mujeres, y sus hijos e hijas, sean protegidas, acompañadas y amparadas durante todo el procedimiento judicial favoreciendo una reparación a la que tienen derecho. Es necesario que desde todas las instituciones, y que la sociedad en su conjunto, nos volquemos para erradicar las violencias machistas y defendamos la protección y reparación de las mujeres supervivientes de violencias de género, poniendo también el foco en controlar a los agresores.

Por todo lo anterior, con motivo del 25N Día Internacional Contra las Violencias Machistas, el Ayuntamiento de Rivas

ACUERDA

• Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases.
• Instar al Gobierno de España a que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o ex pareja; y que se incluya la violencia económica (impago de pensiones y resto de modalidades) como violencia de género.
• Instar al Gobierno de España a que se lleven a cabo de manera efectiva todas las medidas recogidas en la Ley Orgánica 1/2004, como son la creación de más juzgados especializados en violencia de género, la especialización de la fiscalía, la abogacía y la judicatura, y asegurar un correcto asesoramiento a las víctimas de violencia de género, así como su protección.
• Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Reiteramos la necesaria puesta en funcionamiento de todos los acuerdos y medidas recogidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, su hoja de ruta y su adecuación presupuestaria. En concreto la culminación de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, a través de las reformas reglamentarias necesarias.
• Instar a la Comunidad de Madrid a la necesaria revisión y refuerzo del Convenio de la Dirección General de Igualdad con los Ayuntamientos en materia de Violencia de Género y en Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, en la implementación de medidas, actuaciones y procedimientos, y en su adecuación presupuestaria.
• Velar desde el Ayuntamiento por el cumplimiento del Protocolo Local de Actuación contra las violencias machistas en Rivas Vaciamadrid en todos los ámbitos de la administración y de la sociedad ripense.
• A nivel local, seguiremos implementando todas las medidas de coordinación interadministrativa que nos ayuden a terminar con todas las violencias que sufren las mujeres y sus hijos e hijas.