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Valdemingómez: territorio comanche sin ley

Rivas lleva años exigiendo a la Comunidad una solución integral para este espacio que aúna ilegalidad, delincuencia y deterioro medioambiental.

Valdemingómez: territorio comanche sin ley

Reportaje: José Luis Corretjé.

La actualidad local de este verano ha estado marcada en Rivas por el incendio que se originó, a finales de junio, en un inmenso vertedero ilegal de escombros que creció de forma incontrolada y durante años en Valdemingómez sin que el Ayuntamiento de Madrid hiciera nada por impedirlo. Pero en realidad, lo que ha sucedido allí es sólo la punta del iceberg de un grave problema que afecta, desde hace años y a diario, a las poblaciones de Villa de Vallecas y de Rivas.

Valdemingómez, ubicado en el término municipal de Madrid, podría calificarse como un territorio sin ley, como una tierra de nadie que se ha convertido en el mayor núcleo de tráfico de droga, ilegalidad urbanística y deterioro medioambiental de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Rivas lleva exigiendo desde hace años a la Delegación de Gobierno, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que tomen cartas en el asunto. La solución debe tomarse con urgencia, se alerta desde el Consistorio ripense, ya que los efectos perniciosos que genera su existencia sobre la población de Rivas son cada vez mayores: malos olores, continuos incendios, hurtos y delincuencia protagonizada por las personas drogodependientes que pasan por Rivas en su viaje al mayor hipermercado de droga del país.

MALOS HUMOS

El 27 de junio saltaron las alarmas. La columna de humo que se podía ver a kilómetros de distancia y que procedía del margen derecho de la A-3, a la altura de Rivas, no era una más de las (por desgracia) habituales quemas de cobre. El incendio, que se había generado en un vertedero de escombros de seis hectáreas ubicado en Valdemingómez, tardó 19 días en extinguirse.

Para lograrlo, 890 camiones enviados por el Ayuntamiento de Madrid vaciaron 24.000 toneladas de arena sobre una extensión similar a seis campos de fútbol. Además, el vertedero ilegal fue clausurado.

Durante las más de dos semanas que se tardó en sofocarlo, la población de Rivas (especialmente la residente en los barrios de Pablo Iglesias, Covibar y La Luna) y de Villa de Vallecas sufrió serias molestias generadas por los malos olores y por la abundante humareda que provenía del basurero incontrolado que llevaba años denunciando el Ayuntamiento de Rivas.

Estos días coincidieron con las jornadas más calurosas del verano y por las noches, gran parte de las familias que residen en los citados barrios ripenses y que no disponen de aire acondicionado, se vieron obligadas a decidir entre sufrir el calor nocturno sin las ventanas abiertas o exponerse a la entrada del humo y los malos olores en casa.

Desde Madrid y Rivas se insistió en que nunca ha habido riesgo para la salud de las poblaciones expuestas al humo procedente de la combustión. Javier Barbero, edil de Seguridad y Salud de la capital, afirmó que se habían realizado hasta diez mediciones diarias en las zonas expuestas al incendio y que «en ninguno de los casos se registraron valores de alerta sanitaria».

No obstante, desde la Concejalía de Medio Ambiente de Rivas se solicitó a la Comunidad de Madrid, que es la administración competente, que instalara unidades de medición del aire de modo que se tuviera una referencia constante de los efectos que la proximidad de Valdemingómez puede tener para la población ripense.

Desde el mes de agosto está operativa en Rivas una unidad móvil de la Red Regional de control de la calidad del aire que dispone de la tecnología más avanzada para ofrecer datos completos sobre el municipio.

«Esta es una petición antigua que ahora vemos atendida», asegura el edil de Medio Ambiente de Rivas, Rubén Tadeo, «y que además fue solicitada reiteradamente por los vecinos y vecinas que participaron en la primera asamblea informativa sobre el incendio que se celebró en la tarde del 7 de julio». Y continua: «Ahora nos comprometemos a que, en cuanto dispongamos de los datos que facilite la estación medidora, se los haremos llegar a la ciudadanía a través de la web municipal rivasciudad.es, ‘Rivas Al Día’ y las redes sociales que gestiona el Ayuntamiento».

Cerca de mil vecinos y vecinas de Rivas habían llenado el salón de actos el 7 de julio en una asamblea ciudadana y espontánea generada por las molestias que estaban sufriendo. Allí tuvieron la oportunidad de escuchar al alcalde de Rivas y al concejal de Medio Ambiente respondiendo a sus dudas.

Tanto Pedro Del Cura como Rubén Tadeo explicaron las gestiones que se estaban haciendo con el Ayuntamiento de Madrid y que desembocaron en la solución final del conflicto.

DENUNCIA A LA FISCALÍA 

El Ayuntamiento de Rivas decidió en Junta de Gobierno, unos días después de iniciarse el incendio, interponer una denuncia formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, por delito medioambiental, contra el propietario del terreno de la escombrera, Juan José Escribano, quien no tenía permiso para realizar vertidos de residuos.

Escribano fue detenido el 24 de julio por la Guardia Civil. Se le acusó entonces de delitos contra el medio ambiente. Los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente llevaban, desde hacía siete años llamando la atención del Ayuntamiento de Madrid sobre la situación de este vertedero ilegal. Esta escombrera creció, ante la pasividad del Consistorio que entonces gobernaba Alberto Ruiz Gallardón, justo en la linde de Madrid con el término municipal de Rivas.

Justo allí, en 2008, el Ayuntamiento había creado el Parque Forestal del Arroyo de Los Migueles (dentro del Parque Regional del Sureste) tras expropiar 328 hectáreas de terreno que pertenecían a propietarios privados.

El objeto de aquella operación era generar una suerte de ‘barrera forestal’ para defender al municipio ripense de la presión agresiva del urbanismo de Madrid. Justo en esos años Esperanza Aguirre, siendo ya presidenta de la Comunidad de Madrid, había promovido una modificación de la Ley Regional del Suelo que facilitaba la construcción de campos de golf y otras instalaciones recreativas en zonas de especial protección medioambiental, como el Parque del Sureste.

LUCHAR CONTRA LA BASURA

Una de las razones por las que la población de Rivas se movilizó a comienzos de la década de los 90 contra la instalación de la incineradora de Valdemingómez habría que buscarla en que el municipio acogió durante 37 años (desde 1967 a 2004) el mayor vertedero incontrolado de basura del país. Entre los años 1967 y 1978, en el terreno en el que ahora se levanta el auditorio Miguel Ríos y el Parque Ferial, el Ayuntamiento de Madrid estuvo vertiendo su basura de forma masiva.

Allí se llegaron a acumular, en ese tiempo, ocho millones de toneladas de desechos. Quienes residieron en el municipio durante aquellas décadas recuerdan muy bien las molestias que generaba la presencia de tanta basura tan cerca de sus viviendas. Con el fin de recuperar para la ciudadanía un espacio central de la ciudad, el Ayuntamiento ripense acometió el mayor proyecto de descontaminación que se ha ejecutado en España en los últimos años.

La operación, que supuso una inversión pública de 50 millones de euros, fue una de las decisiones más importantes tomadas por el Gobierno ripense para dar el impulso que necesitaba una ciudad a la que el antiguo vertedero de Madrid partía en dos. Desde 2009, sobre ese espacio ya libre de basura, se levanta un parque de 80 hectáreas, el recinto ferial de la ciudad y un auditorio al aire libre para 20.000 personas.

En 2015, ese mismo terreno que hace no tanto era un vertedero es un espacio lleno de gruas y nuevas construcciones ya que, Rivas Centro, va a ser en los próximos años el principal núcleo receptor de nueva vivienda del municipio. La conversión de Valdemingómez en el destino de la basura que producía una megalópolis que ahora cuenta con más de cuatro millones de habitantes, se remonta a finales de la década de los setenta.

El primer vertedero estuvo activo desde 1978. En 1992 cinco mil ripenses se manifestaron contra la instalación de una incineradora en Valdemingómez.

El Ayuntamiento de Rivas apoyó todas las reivindicaciones pacíficas lideradas por la ciudadanía que se produjeron a partir de entonces y que se concretaron en sucesivos cortes de la A-3 y en el encadenamiento de personas a las instalaciones de la planta de basuras.

EL PLAN AGUIRRE

La responsable de la decisión sobre la centralización de todos los vertidos de los RSU (residuos sólidos urbanos) de Madrid en Valdemingómez fue Esperanza Aguirre, quien por entonces ocupaba el cargo de concejal de Medio Ambiente. En marzo de 1991, el Ayuntamiento de Madrid cedió a Vertresa, una empresa propiedad de Alberto Cortina y Alberto Alcocer (poderosos empresarios próximos al PP y casados con las hermanas Koplowitz), la gestión de una planta en la que se trataban 855.000 toneladas de residuos al año.

«Esperanza Aguirre, que tuvo como modelo a Margaret Thatcher, decidió transformar el sureste de Madrid en un laboratorio para experimentar con la privatización de todo lo público. Su plan pretendía mandar al extrarradio todo lo que fuera un problema para la capital», recuerda Pedro del Cura. Y prosigue: «Valdemingómez es una pieza más de un pelotazo urbanístico. La basura había que ‘externalizarla’ y los asentamientos chabolistas concentrarlos en la periferia de la capital. Por eso se hizo el vertedero en el sureste. Mientras, la zona noroeste la protegieron porque el PP entendió que quería mantener allí su base social».

Hay que recordar que Valdemingómez ha recibido a una parte de la población procedente de los principales núcleos chabolistas que se han erradicado en Madrid en los últimos 15 años. Así, allí recalaron familias expulsadas de La Celsa, El Cañaveral, Las Mimbreras o Santa Catalina, al igual que otras miles de personas, inmigrantes sin recursos en su mayoría, que se vieron obligadas a sobrevivir en condiciones de gran precariedad.

Este asentamiento, que ha crecido con el paso de los años, se ubica en la parte de la Cañada Real que corresponde a Villa de Vallecas (Madrid).

VENTA DE DROGA 

El otro gran asunto que afecta a la población de Rivas, y que tiene que ver directamente con el actual estado de degradación social, es el tráfico de drogas y sus consecuencias.

El número de pequeños delitos y hurtos en coches ha aumentado en la ciudad en los últimos tiempos. Su incremento tiene como protagonistas a las personas drogodependientes que atraviesan el municipio y que buscan dinero para comprar una dosis en su viaje diario a Valdemingómez.

Allí se ha construido, ante la pasividad de la Delegación de Gobierno, el mayor centro de venta de droga de la Comunidad de Madrid. El alcalde aprovechó su participación, el pasado 15 de julio en la Mesa de Coordinación de la Cañada Real para reivindicar ante la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la necesidad de actuar urgentemente en Valdemingómez.

Ya en el mes de abril, cuando Dancausa sustituyó a Cifuentes como máxima responsable del orden público en Madrid, Del Cura le expresó por carta la urgente necesidad de actuar ante el más grave núcleo delictivo que sufre la región.

«Quien sufre el goteo delictivo diario no es la población de Madrid, que está a 15 kilómetros de distancia, sino la de Rivas, que tiene el mayor hipermercado de droga del país a la puerta de su casa», le recordaba el regidor ripense en aquella misiva.

En la Mesa de Coordinación de la Cañada de julio se estableció un protocolo de coordinación policial, en el que también intervendrá la Policía Local de Rivas, para actuar sobre las ‘cundas’ (los llamados ‘taxis’ ilegales de la droga, que desplazan a personas a Valdemingómez para comprar droga a cambio de una pequeña cantidad de dinero), los vertederos ilegales y la quema de cobre.

Para este mes de septiembre está previsto que se convoque una nueva reunión entre las cinco administraciones implicadas (Delegación, Comunidad y los tres ayuntamientos afectados) para acordar la hoja de ruta que diseñe la actuación definitiva para la Cañada. Rivas viene reclamando tanto a la Delegación de Gobierno como a la Comunidad de Madrid la necesidad de actuar en una zona convertida con el paso de los años en una bomba de relojería.

«Hay que tomar medidas y desmantelar Valdemingómez de una manera integral, siendo implacables con los que se lucran con la delincuencia y poniendo en marcha políticas sociales para los habitantes que realmente requieren prestaciones por parte de las administraciones», explica el alcalde de Rivas.

CRONOLOGÍA DE UN PROBLEMA (1978-2015)

1978.- El Ayto de Madrid empieza a verter basura en Valdemingómez.

1982.- Llegan a Rivas los primeros pobladores de Covibar y Pablo Iglesias.

1989.- Esperanza Aguirre es nombrada edil de Medio Ambiente del Ayto de Madrid.

1990.- El Ayuntamiento de Rivas denuncia a Madrid a Fiscalía por delito ambiental tras los planes de la capital de abrir una incineradora en Valdemingómez.

1991.- Madrid concede a ‘Los Albertos’ una concesión para gestionar la planta de tratamiento de basuras de la capital en Valdemingómez.

1992.- Miles de ripenses protestan contra la apertura de una incineradora en Valdemingómez. Llegan a cortar varias veces la A-3.

2011.- La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de la Cañada Real.

2015.- Un incendio generado en un inmenso vertedero de escombros de Valdemingómez permanece activo durante 18 días.

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