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Alianza para dar una solución a la Cañada
Tras meses de reuniones entre las administraciones implicadas, se acelera el consenso para que la Asamblea de Madrid refrende una solución.
31 de octubre de 2016
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La Cañada Real
Reportaje: José L. Corretjé

Desde 1984, Rivas no había recibido la visita de un alcalde de Madrid. En aquella oportunidad fue Enrique Tierno Galván quien vino a inaugurar la depuradora Suroriental, que está ubicada en terreno del Parque del Sureste, al otro lado de la A-3.

"Han tenido que pasar 32 años para que en Rivas volvamos a tener la presencia de la máxima autoridad de la capital", exclama Pedro del Cura en referencia a la visita de Manuela Carmena, el pasado 10 de octubre.

"Ha valido la pena esperar porque el impulso que se ha dado a la solución del conflicto de la Cañada Real puede ser definitivo", concluye el regidor ripense. Los dos municipios más afectados por la existencia de este gran asentamiento de construcciones ilegales, que se extiende a lo largo de 14 kilómetros de Madrid, Rivas y Coslada, no habían coincidido en casi tres décadas (con gobiernos del Partido Popular en la capital e Izquierda Unida en Rivas) en el modo de afrontar los problemas de precariedad social, inseguridad, deterioro del medioambiente e ilegalidad urbanística que se han generado.

La reunión mantenida entre Carmena y Del Cura, que estaba centrada en la búsqueda de posturas comunes respecto a una solución factible a la Cañada, fue un éxito. Ambas partes consensuaron una estrategia conjunta respecto a la ordenación urbanística y la política de realojos que permita restaurar la legalidad, impida el efecto llamada y garantice el derecho a la vivienda de todas las personas que allí residen.

Equipos técnicos de ambos municipios trabajan desde hace meses en la coordinación de estrategias vinculadas a la disciplina urbanística y la seguridad en la zona. Las declaraciones que realizaron Carmena y Del Cura en rueda de prensa posterior a su reunión, ante una veintena de medios de comunicación, ratifican la sintonía alcanzada.

Ambos comenzaron defendiendo que el derecho a la vivienda es irrenunciable para las familias instaladas en la Cañada desde antes del 31 de diciembre de 2011 y que reúnan las condiciones recogidas en la Ley Regional aprobada hace un lustro. Manuela Carmena mostró una especial firmeza al manifestar que resulta inaceptable que la Cañada continúe tal y como está. "Vamos a desmontar la Cañada tal y cual es hoy", aseveró la alcaldesa de Madrid.

Por su parte, Pedro del Cura sostuvo que la solución pasa por la desaparición de Valdemingómez, que se ha convertido en el mayor núcleo de venta de droga y delincuencia de la región, además de concentrar vertidos y quemas ilegales que deterioran el medioambiente y la salud de muchas personas.

"El poblado dejará de ser una ciudad sin ley. Vamos a seguir aplicando la disciplina urbanística para restaurar la legalidad y evitar el efecto llamada", subrayó el alcalde ripense. Del encuentro también salió la decisión de que las policías de Madrid y de Rivas puedan actuar en uno u otro término municipal, aunque no sea el suyo, para ser más eficaces en las intervenciones que se hagan en la Cañada Real.

Este avance en la cooperación policial, que estará fijado por un protocolo común, permitirá mayor efectividad en actuaciones relacionadas con vertidos ilegales y otros delitos que son habituales en la Cañada.

ESPACIOS DE ACUERDO

Rivas ha desplegado en octubre una intensa actividad negociadora que ha llevado a mantener reuniones, en apenas quince días, con el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad de Madrid y el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Quizás la cita más trascendente fue la que mantuvo una delegación del Ayuntamiento ripense, el pasado día 17, con Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y máximo responsable del tema de la Cañada en el gobierno regional.

La cita sirvió para que Garrido escuchara las propuestas de Rivas respecto a cuestiones fundamentales como la reordenación urbanística de la zona, los realojos y la seguridad. El consejero de Cristina Cifuentes salió de la reunión manifestando que "el acuerdo sobre la Cañada está más cerca que nunca" y añadió que "antes de finalizar el año es muy probable contar con un texto consensuado entre Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados (Rivas, Madrid y Coslada) que será votado en el Parlamento madrileño".

No obstante, desde la Consejería de Presidencia se calcula que al menos tendrán que transcurrir 15 años para la implantación definitiva de las medidas que se propongan. Del Cura defendió que la Delegación de Gobierno (responsable de Policía Nacional y Guardia Civil) debe estar presente en las conversaciones porque la seguridad es un tema central.

También insistió ante el consejero que las construcciones levantadas en la Cañada sobre terrenos afectados por el paso de líneas de alta tensión, gaseoductos o próximos a la vía del AVE deben ser "desmanteladas inmediatamente" ya que se trata de terrenos no urbanizables y que su existencia genera grave peligro para quienes allí viven.

En el encuentro también se habló de la reordenación urbanística y el destino de las 8.700 personas censadas antes de 2011 que permanecen en los seis sectores de la Cañada. Hubo coincidencia en que los realojos de las personas que les corresponda deberán realizarse de forma equitativa y repartida por toda la Comunidad de Madrid.

"No todo el mundo recibirá una nueva casa", reiteró la delegación de Rivas. De la financiación de los realojos se ocupará mayoritariamente la Agencia Social de la Vivienda, que es el organismo competente de la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid en su territorio. "Asumiremos los que nos correspondan, teniendo en cuenta todo lo ya asumido durante estos años", se insiste desde el Consistorio ripense.

"Aquellas personas que tengan otra casa o que hayan estado especulando con el terreno serán desalojadas", se avisa desde Rivas y se añade: "No habrá barrios paralelos. Quienes se queden tendrán que hacerlo en armonía con el tipo de viviendas (en altura) del barrio que les rodea que es Covibar".

OPINIÓN VECINAL

Si hay un colectivo especialmente interesado en que la solución al conflicto social, urbanístico y medioambiental de la Cañada llegue cuanto antes, ese es el de los vecinos y vecinas de los barrios de Covibar y La Luna.

Allí reside un tercio de la población de Rivas y desde hace décadas, sus habitantes sufren a diario los efectos negativos generados por una pequeña parte de la población 'cañadera'. Así lo reconoce Carlos Arrabal, presidente de la Mancomunidad de Covibar.

"La Cañada ha perjudicado nuestra forma de vida. La mayoría de quienes viven allí son gente trabajadora, pero hay una minoría que no lo son. Los comerciantes de nuestro barrio son los principales perjudicados porque está habiendo cada vez más robos. Además, los pisos de las zonas más cercanas a la Cañada se han depreciado", corrobora Arrabal.

Representantes de esta Mancomunidad que agrupa a la mitad de los 6.000 habitantes de Covibar han mantenido en los últimos meses reuniones tanto con el Comisionado regional para la Cañada como con el director general de Seguridad, que depende de Delegación de Gobierno. El resultado, según aseguran, ha sido una ligera mejora de la seguridad en el barrio en las últimas semanas. Aunque desde la Mancomunidad insisten en que mucha gente ha dejado de denunciar pequeños robos en casa y coches "porque las compañías de seguros ya no les hace caso".

Cuando se le pregunta por la posibilidad de que se avance en la solución al conflicto, el representante vecinal afirma: "Cualquier acuerdo que se haga nos afectará. Siempre hemos abogado por la limpieza de la Cañada. Son terrenos públicos que se han cogido ilegalmente. No creemos que deba mantenerse la gente en las condiciones en las que está. No están en viviendas dignas. La Cañada debería continuar siendo un terreno protegido, dando casa a quien lo necesita y desalojando a quien no".

Carlos Arrabal culpa de la situación actual a la "desidia mostrada por todas las administraciones implicadas", al tiempo que valora la actitud cívica mostrada en estos años por los vecinos de Covibar. "No ha habido conflictos raciales porque entendíamos que la gente que estaba en la parte de Rivas había venido a trabajar y buscarse la vida". Y añade: "Es imprescindible un acuerdo. Hay que parar y resolver. Cuanto antes se llegue a la solución menos daño se hará".

PACTO REGIONAL

Dado que el acuerdo debe pasar por el refrendo de la Asamblea de Madrid, el alcalde de Rivas ha mantenido en octubre contactos con fuerzas políticas representadas en el Parlamento autonómico.

El primero fue con José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea, con el que se encontró Pedro Del Cura para conocer los avances que se han conseguido en las reuniones con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. El acuerdo final lo recogerá un documento, consensuado previamente entre todas las administraciones implicadas, que se plasmará en el Pacto Regional por la Cañada.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid explica que el texto del Pacto Regional por la Cañada Real, que tendrá que ser discutido y aprobado por el Parlamento autonómico próximamente, ha sufrido modificaciones, en las últimas semanas, que auguran un amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas. "Vamos a contactar con el resto de los grupos parlamentarios para trasladarles el trabajo hecho por Rivas".

José María Álvarez, de Rivas Puede, también ha mostrado su apoyo a la iniciativa del Gobierno Municipal. "Siempre hemos defendido desde nuestro grupo municipal que la solución a la Cañada Real debe partir del consenso y que es urgente", apunta Álvarez.

CRONOLOGÍA DE UN CONFLICTO SOCIAL

1271 ¿ Alfonso X el sabio califica de 'reales' las cañadas transhumantes de Castilla y las protege mediante un edicto. 1998- La Comunidad de Madrid se dota con la Ley de Vías Pecuarias (en la que se incluye a la Cañada Real) dándoles a estos espacios el mismo grado de protección que al resto de los espacios de 'interés natural'.

2004 - El Ayuntamiento de Rivas envía una carta a Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, para invitarle a sentarse en una mesa de negociación y así poder buscar una solución para la Cañada. También se invita a Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Coslada.

2009 - Rivas denuncia ante el Tribunal de Justicia de Madrid a la Comunidad de Madrid por dejación de funciones respecto a la Cañada, un espacio protegido y de exclusiva competencia, entonces, del Gobierno autónomo.

2011 - La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de la Cañada Real que la despoja de su protección jurídica como terreno protegido y autoriza a la Comunidad de Madrid a enajenar, ceder o permutar los terrenos.

2011- Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada elaboran el censo definitivo de habitantes de la Cañada. En total son 8.628 habitantes y 2.466 edificaciones. En la parte de Rivas residen 1.536 personas.

2016 - El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad anuncia que antes de que finalice el año se espera aprobar en la Asamblea de Madrid el Pacto Regional por la Cañada que facilite una solución definitiva para el conflicto.

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