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Cañada Real: su futuro tras el pacto regional
Un consenso histórico ha reunido a todas las administraciones implicadas. El pacto dibuja escenarios sobre los que desarrollar soluciones.
4 de julio de 2017
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Texto: Patricia Campelo

Más de 50 años, 14 kilómetros de largo, 75 metros de ancho, 7.283 habitantes, 2.537 parcelas y decenas de meses de negociaciones y reuniones. La problemática en torno a la Cañada Real Galiana, una antigua vía pecuaria en desuso desde los años 50 y en la que se han asentado viviendas e infraviviendas que conviven con focos de venta de droga y vertederos ilegales, ya cuenta con un marco institucional que siembra el terreno de futuras soluciones.

El Pacto Regional por la Cañada Real, aprobado el pasado 17 de mayo por las cinco administraciones involucradas ¿Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada- supone el primer paso para la regularización o desmantelamiento del asentamiento ilegal, uno de los mayores de estas características en Europa.

Todo, para lograr los objetivos de restauración del medio natural ¿cuando se imposibilite el uso residencial o industrial-; regular la situación patrimonial o urbanística conforme a los principios de legalidad y derecho a la vivienda y a la ciudad; realojos para quienes no puedan continuar en sus viviendas por razones de salud, seguridad o medio ambiente y la adopción de medidas urgentes para, según el texto del pacto, "salvaguardar la integridad, la salubridad e integración de la población más desfavorecida".

En lo que respecta a los sectores 3, 4 y 5 de la Cañada, que pertenecen al municipio ripense, el acuerdo anticipa la creación de tres ponencias de temática urbanística-medioambiental, jurídica y económica, con representación ciudadana y de personal técnico municipal y de la Comunidad de Madrid que estudiará soluciones.

Así, el trabajo de estas ponencias determinará qué situaciones en las que se hallan las viviendas pueden ser salvables y cuáles no y, por tanto, deben desmantelarse. De acuerdo con el principio de legalidad que defiende el pacto, debe respetarse la normativa que afecte a la Cañada.

Este punto conlleva que en aquellas viviendas que contravengan leyes medioambientales, o sobre salubridad o seguridad pública, prevalecen estas normas por encima de la permanencia de las construcciones sobre el terreno. Distintas zonas del asentamiento discurren por las proximidades de líneas de media y alta tensión, oleoductos, vías de tren de alta velocidad o infraestructuras hidráulicas con riesgo de inundaciones.

La Comunidad de Madrid ha identificado posibles afecciones urbanísticas que impiden la calificación de la mayor parte del suelo del asentamiento como uso residencial, y ha confeccionado mapas con todas las zonas sometidas a algún tipo de afección urbanística.

Ahora, las ponencias confirmarán, en el plazo de un año prorrogable por otro, cada uno de los impactos que caracterizan a los sectores 3, 4 y 5, y podrán plantear soluciones técnicas o medidas correctoras.

"Para Rivas, la ponencia urbanística es un asunto clave porque ahí estará la solución. El primer debate consiste en aclarar las afecciones urbanísticas y, después, el destino del uso del suelo que no esté afectado por ellas. La cuestión gira en torno a si van a permanecer algunas viviendas y en qué condiciones, o en si se termina desmantelando todo. Estas decisiones, a resolver en las ponencias, concretarán también los realojos y los costes del proceso", aclara Pedro del Cura, alcalde de Rivas, municipio que apuesta por la recuperación de la Cañada como un gran corredor verde, y por la integración de su población en núcleos urbanos normalizados.

"El pacto contempla el derecho a la vivienda, que no a la propiedad. Esto implica que la residencia puede ser una distinta a la actual y tanto en propiedad como en alquiler. Así se evita la especulación sobre el suelo", recuerda el regidor.

En los sectores 3, 4 y 5, que bordean Rivas y Madrid, habitan 3.254 personas (1.184 son menores) en 907 familias y 479 parcelas. Además, 1.052 edificaciones se disgregan por el entorno. En suelo de la Cañada que pertenece sólo a Rivas conviven 1.495 personas (557 menores).

El sector 5 constituye el más poblado, ubicado entre Rivas y Vicálvaro con una longitud de 1.660 metros. Sobre el sector 6, que transcurre por Villa de Vallecas (Madrid) y aloja un kilómetro y medio de foco de venta de drogas, además de vertederos ilegales, el pacto regional plantea su desmantelamiento debido a "las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad", y por adentrarse en el parque regional del Sureste, un espacio protegido.

Durante el acto de presentación del pacto, y en su posterior firma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que el sector 6 estaría desmantelado antes 2019. Por su parte, el estudio del sector 1, que limita con Coslada, ha determinado que se trata de una zona integrada en este municipio del corredor de Henares, por lo que se procederá a su "consolidación", salvo en las viviendas con "afecciones urbanísticas que lo impidan". En esos casos, sus habitantes tendrán derecho a otra residencia.

MEDIDAS PROVISIONALES

Mientras llega la implementación de las decisiones definitivas sobre la Cañada Real, las administraciones competentes han determinado en el pacto regional una serie de medidas urgentes en materia de infraestructuras y de integración social para paliar la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que sufren algunas familias.

Estas acciones incluyen mejoras generales de las condiciones de vida de las personas que residen en este territorio, planteadas como respuesta a "la complejidad del proceso, que se podría alargar en el tiempo y, mientras, se debe atender a las necesidades de quienes viven en la zona", apunta Del Cura.

En la esfera de la integración social, el pacto se compromete, entre otros puntos, a impulsar medidas "de fomento del empleo" y a tratar los colegios de la zona como centros de educación preferente, es decir, no sometidos a parámetros habituales del resto de centros públicos. También, a impulsar "la reducción de la ratio de alumnado infantil" en estos colegios próximos al asentamiento.

Asimismo, el acuerdo promoverá "la distribución proporcional de alumnado procedente de la Cañada en los diversos centros educativos, para favorecer su integración". Los presupuestos regionales para 2017 destinan un millón y medio de euros para estas acciones, además de para poner en marcha la oficina de atención del comisionado para la Cañada Real.

"Con todo, resulta insuficiente el presupuesto aprobado por la Comunidad de Madrid para dar respuesta a una urgente situación de necesidad por la que atraviesan muchas familias mientras se resuelve la problemática de la Cañada Real", apostilla Del Cura.

Una asamblea formada por mesas de seguridad, social y urbanística; un comité ejecutivo con tres comisiones de trabajo y una comisión de seguimiento del pacto conforman la estructura organizativa que aglutina a ciudadanía e instituciones para dar cumplimiento al acuerdo.·

TEMAS CLAVE

  • REALOJOS

Quienes deban abandonar el asentamiento tendrán que acreditar haber estado censados en el mismo antes del 31 de diciembre de 2011. Se tendrán en cuenta los ingresos familiares y la titularidad de otras viviendas. Futuros convenios entre las administraciones competentes profundizarán en los requisitos. Y la redistribución de la población se realizará en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, ya que la Cañada "concentra la problemática social de la región, por tanto, las soluciones también son de todo el territorio autonómico", defiende el regidor ripense.

  • SEGURIDAD

Las policías municipales de Rivas y Madrid suscribieron un acuerdo para mejorar la seguridad en la zona, texto sobre el que la Delegación del Gobierno, según anunció el pasado 31 de mayo, ha solicitado la suspensión cautelar. El alcalde ripense, Pedro del Cura, ha pedido una reunión urgente para abordar los problemas de inseguridades en la zona.

  • AFECCIONES URBANÍSTICAS

La Cañada Real quedó libre de afecciones medioambientales con la ley de 2011, dejando de ser terreno protegido. Ahora sólo se podrán urbanizar terrenos que no estén afectados por la proximidad a zonas peligrosas o insalubres.

  • EDUCACIÓN

El pacto posibilita la elaboración de un censo de población en edad escolar que permita conocer sus necesidades, la inclusión de menores y jóvenes no escolarizados y facilitar su inserción en el mercado laboral. También, la mejora de las rutas escolares y el acceso a becas y ayudas.

  • OFICINA DE EMPLEO

La creación de una oficina regional de empleo para una ciudad de 85.000 habitantes es una de las demandas recurrentes de Rivas a la Comunidad de Madrid. El acuerdo sobre la Cañada establece la puesta en marcha de una para fomentar el empleo entre habitantes que vayan a permanecer en el asentamiento, pero también para toda la población que necesite este servicio público.

  • CAMBIO DE LINDES

La línea divisoria con Madrid se trasladará hasta la M-50, carretera que marcará la separación entre ambos municipios. Esta medida busca mejorar la seguridad y los servicios de la zona.

REACCIONES

CARLOS ARRABAL. Presidente de la Mancomunidad de Covibar

"En todos los consejos de la mancomunidad ha habido un interés especial en que se solucionase y, por fin, después de tantas luchas y años, este pacto parece que va a solucionar en parte el tema de la Cañada, sobre todo a nivel social", espera Carlos Arrabal, presidente de la Mancomunidad de Covibar, la zona residencial ripense más próxima al asentamiento. Solucionar el entorno social de las familias que habitan en condiciones precarias en esta antigua vía pecuaria es, a juicio de Arrabal, la primera de sus preocupaciones.

"Lo segundo, el entorno físico. La degradación que ha tenido la Cañada es un aspecto importante", asegura, y espera que la reparación de la zona re-percuta "en beneficio de los vecinos cercanos" al asentamiento. Arrabal también transmite cautela a la hora de ver cumplido el pacto regional.

"Nos gustaría que la solución llegase de una forma más ágil. Entendemos que es un problema muy complejo, que hay muchas familias en infraviviendas, pero nos gustaría que se hiciese todo con un poco más de agilidad".

Este representante vecinal muestra la preocupación del ba-rrio ante el próximo desmantelamiento del sector 6, el que concentra un kilómetro y medio de venta de droga. "Si desaparece por completo, a algún sitio van a ir. Y lo más cercano somos nosotros", alerta.

Para ello, Arrabal considera "im-prescindible" que las policías locales de Rivas y Madrid puedan trabajar "coordinadas". "Hay una línea invisible y que por un paso no se pueda detener a alguien es in-comprensible", la-menta sobre una situación que pretende corregir el convenio suscrito por ambos cuerpos policiales de la capital y el ripense. Por último, este vecino pide a las administraciones "celeridad, seriedad y cumplimiento de lo acordado".

LIDIA RESANI. Presidenta de la asociación vecinal del sector 4 de la Cañada Real

La asociación vecinal del sector 4 de la Cañada no ha firmado el pacto regional pero, según su presidenta, Lidia Resani, seguirá trabajando de manera conjunta con todas las administraciones para "lograr soluciones".

"El pacto establece cosas que no se van a poder cumplir, como que en dos años estará desmantelado el sector 6, que son seis kilómetros. Hablan de un plan de choque que llevamos escuchando tres años. Y la mesa urbanística va de la mano de la económica, donde veremos cuánto cuesta, por ejemplo, soterrar una torreta de alta tensión. Igual es más barato indemnizar que soterrar. Son casos individuales, por lo que se va a tardar mucho", duda Resani.

Respecto a la seguridad, el desmantelamiento del sector 6 es un motivo de preocupación entre residentes de la Cañada y las zonas de Rivas limítrofes con el asentamiento.

"¿Dónde irá la gente al desmantelar la zona de la venta de droga? No vemos que haya ningún control y los vecinos no podemos estar vigilando ", señala, y espera que prospere el acuerdo policial entre Rivas y Madrid, que la Delegación de Gobierno recurrirá, según ha anunciado. "Alguna vez hemos echado a gente que viene a vender droga, pero somos vecinos, no policías", insiste.

Resani también lamenta la representación vecinal en la ponencia técnica que deliberará sobre qué zonas están impactadas por infraestructuras que imposibilitan la vida en ellas. "[El pacto] sólo designa dos personas para toda la Cañada, y es imposible conocerse todos los kilómetros de golpe".

Con todo, la representante vecinal confiesa tener claro que "no nos podremos quedar todos" y, mientras, mantiene cautela ante el "miedo a que no se cumpla todo lo que se está diciendo" y expectativas. "Es un paso, la esperanza no la perdemos nunca".

ENTREVISTA

"Las policías de Rivas y Madrid están impidiendo desplazamientos"

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PÁRAMO. Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real

Residentes en la Cañada y asociaciones vecinales de Rivas próximas al asentamiento han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los vendedores de drogas del 6 trasladen su actividad a otros sectores, y alertan de casos de menudeo.

Se ha dado algún intento pero los propios vecinos y las policías de Rivas y Madrid están impidiendo que haya esos desplazamientos. Además, la práctica totalidad de las parcelas están ocupadas, así que no hay mucho espacio físico donde se pudiesen quedar. No crearía esa alarma porque no es verdad que estén subiendo de sectores, aunque sé que ha habido algún intento pero mínimo. Con esas familias [vinculadas a la venta de droga], por experiencia de otros desmantelamientos como el de Barranquillas, en cuanto empecemos, los mismos vendedores se van a ir porque habrá máquinas, policías y los coches, de los supuestos compradores, no podrán acceder bien. Los vendedores no podrán desarrollar su trabajo, por lo que es probable que se acaben yendo, y no a la propia Cañada porque al haber una actuación tan importante y con tantos agentes implicados no podrían vender, así que buscarán otras zonas. Y en el propio pacto hay un compromiso de la Delegación de Gobierno de llevar un control para que no se asienten en otros lugares. Eso es lo que vamos a hacer para no volver a reproducir este problema.

Pese al pronóstico de que no habrá nuevos asentamientos en la Cañada, ¿se han adoptado medidas concretas por si sucede?

En otras zonas de la Cañada es imposible, tanto por espacio como porque van a estar controlados. Y medidas ya hay. Se ha creado una mesa de seguridad y una comisión de trabajo de seguridad con los propios ayuntamientos y con la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno que van a fiscalizar que no ocurra esto. Para ello suscribieron las policías de Rivas y Madrid un convenio que ahora la Delegación del Gobierno anuncia que recurrirá. El pacto establece que puede haber coordinación entre policías pero siempre dentro del marco normativo y legal. Los servicios jurídicos de la Delegación han interpretado que las funciones de ese convenio se excedían a lo legalmente establecido. Pero no sé en qué punto se encuentra [el recurso anunciado].

¿Hay algún presupuesto estimado para medidas correctoras como soterrar líneas de alta tensión?

Eso lo vamos a cuantificar una vez que tengamos el plano efectivo de las afecciones. En el pacto regional, las afecciones que se habían establecido, sobre todo las del ruido, se basaban en mapas estratégicos de las infraestructuras, es decir, no se hicieron mediciones reales sobre el terreno. Pero el pacto se compromete a hacer una toma real de datos. El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un informe y la Comunidad de Madrid lo está finalizando. Toda esa documentación se llevará a la ponencia técnica de los sectores 2 al 5 para que establezca el mapa real. Después se verá en cuáles se pueden introducir medidas correctoras, siempre que económicamente sea proporcional. Si por salvar cinco viviendas hay que gastar dos millones de euros en estas medidas, la lógica te dice que no se debe hacer.

¿Se tendrán en cuenta los mapas de afecciones confeccionados por las asociaciones vecinales de la Cañada?

Siempre aplicando la proporcionalidad. Si hay que elevar un panel a diez metros de altura no es proporcional para salvar cinco viviendas. Pero se van a tener en cuenta los estudios vecinales, los del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad. En la mesa que evaluará eso están técnicos de las administraciones y de los propios vecinos.

La ponencia técnica contempla dos representantes para todos los sectores de la Cañada. ¿Está garantizada la representación vecinal?

Hay una proporcionalidad absoluta de los miembros de la ponencia según sus competencias: dos por parte de los vecinos, dos de los ayuntamientos y dos de la Comunidad. Son seis personas las que van a trabajar en la ponencia técnica. Le dimos muchas vueltas, y pensamos que si poníamos a un representante por cada asociación de vecinos saldrían cinco o seis personas, y para que hubiera proporcionalidad también tendría que haber cinco o seis de los consistorios y de la Comunidad, resultando una mesa de trabajo de 20 o 25 personas que no es operativa. Lo que sí les he transmitido es que si un día esa mesa trata un sector específico, el propio pacto establece que se podrá delegar de forma motivada en una persona. Ellos pidieron cuatro representantes, y dije que designaran dos y a dos suplentes. Cada vez que se vaya a tratar un tema concreto que desconozca el titular de la ponencia, se puede designar para esa reunión concreta a otro técnico.

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