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"La violencia machista expresa desigualdad"
María Naredo, abogada e investigadora en derechos humanos y género, coordina campañas de Amnistía Internacional contra el maltrato.
27 de enero de 2017
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María Naredo.
Entrevista con María Naredo, abogada, consultora e investigadora en derechos humanos y género. Incluida en la revista 'Rivas al Día' de febrero de 2017.

¿Cómo detectar casos de violencias machistas?

Hay muchas señales en una relación de pareja. Por ejemplo, el control sobre el teléfono móvil, las relaciones con las amistades e incluso la forma de vestir. El mito del amor romántico es otro de los elementos del caldo de cultivo: la media naranja y frases como 'sin ti no soy nada' o 'me complementas en todo'. Según ese mito, 'cuanto más obsesionado está por mí, cuanto más me controla o se preocupa', pues 'más me quiere'. Ahí se ve cómo chicos más desprendidos en el amor gustan menos, y los más acaparadores resultan más atractivos.

Ahora se habla de maltratos machistas, en plural. ¿De cuáles se trata?

Todos los ámbitos de la sociedad en los que rige el patriarcado están atravesados por potenciales violencias machistas. El abuso sexual en el ámbito familiar, niñas abusadas por sus padres o padrastros, es una de las violencias patriarcales más invisibilizadas y que tienen que ver con ese núcleo duro del patriarcado que es la familia, el entorno familiar donde el padre sigue teniendo muchos privilegios. Pero en nuestra sociedad se siente mucho más amenazado que hace 100 años, y es ahí también cuando despliega más fuerza todavía.

¿Se incluye también el maltrato hacia mujeres ejercido por desconocidos?

Antes solo hablábamos de violencia machista a lo que sucedía en el seno de la pareja, y lo demás era doméstico. Pero esto no es así porque las violencias son expresiones de la desigualdad y de las múltiples discriminaciones que vivimos en esta sociedad. Y la discriminación troncal es la de por motivos de género.

¿Está lejos la Ley Orgánica 1/2004 de incluir estas realidades?

Ahora hay un pacto de estado para analizar cómo la Ley Integral de 2004 se adecua al marco del convenio de Estambul, que precisamente insta a los estados a ampliar ese abanico de violencias. Creo que se tiene que hacer porque la ley fue vanguardista en su momento pero enseguida se quedó obsoleta. El hecho de que una niña abusada por su padre no entrara en el objeto de la Ley Integral era algo imposible porque esa violencia está atravesada por la discriminación. Ahora es el momento, después de más de diez años de vigencia, en el que esta norma tiene que abrir su marco. Y si se amplía, el objeto de protección equivale a que todas las obligaciones del estado tengan que multiplicarse y garantizarse: prevención, detección, atención integral, protección, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cómo mejorar los mecanismos de seguimiento al agresor machista?

Creo que es el momento de dar una vuelta de tuerca a este enfoque y pasar a visibilizar al agresor, a su violencia y a su responsabilidad. Y que esto no solo lo hagan las instituciones, sino también el vecindario, hacerle corresponsable y que haga un señalamiento social de los hechos y del agresor con nombres y apellidos. Hemos recorrido suficiente camino como para tener cierta madurez para poder emprender de manera directa este camino de señalamiento. Las instituciones policiales y judiciales también tienen que poner el foco en el maltratador. En los juzgados estamos viendo que cada vez hay más sobreseimientos y absoluciones por falta de pruebas sin una investigación a fondo. Todo esto son mensajes de impunidad que les estamos mandando a los agresores.

¿El debate sobre la modificación de la Ley Integral revisa los controles al agresor?

Una modificación de esta norma debería llevar aparejado un proceso de evaluación a fondo de lo que realmente no está funcionando, de los sistemas de protección, por un lado de las que no han denunciado, que tienen que ser detectadas no solo por jueces o policía, si no por otros entornos como salud, vecindario, centro escolar. Por otro lado, si han denunciado y solicitado orden de protección, por qué son denegadas esas órdenes a mujeres en riesgo y mejorar la gestión de las solicitudes. Hay juzgados que deniegan un porcentaje muy alto de estas órdenes. Y en tercer lugar, las que tienen orden de protección concedida hay que garantizar que eso les suponga una protección real y efectiva. Hay casos en los que no lo fue.

¿Se puede rehabilitar el maltratador?

Todo lo que sea poder evitar futuras violencias, y que hombres que han agredido puedan dejar de agredir, es un objetivo muy loable que hay que buscar, por supuesto. Pero no debemos de ser inocentes. Y la psicología nos dice que nadie cambia si no reconoce su responsabilidad. Hay una característica muy típica de agresores de género en la pareja, pero también en otro tipo de relaciones: culpar a las mujeres de la propia agresión. Desde ese punto de partida, no veo visos de éxito. Ahora hay agresores en prisión haciendo cursillos contra el maltrato sin reconocer su responsabilidad y culpa en esa violencia, y los hacen porque redimen pena y conllevan beneficios penitenciarios o, en algunos casos, con condenas suspendidas, para evitar el ingreso en prisión. Si no hay voluntariedad no hay éxito. Los pocos que sí acuden voluntarios, decididos y reconociendo su responsabilidad sí van a salir. A los otros hay que seguir ofreciéndoles estos cursillos pero que no se rían de la sociedad y mucho menos de las víctimas. Que esa formación vaya acompañada de un mensaje contundente de la sociedad y de la instituciones poniendo a cada uno en su sitio y ofreciendo garantías de no repetición, que son fundamentales. No puede una mujer obtener reparación si el agresor sale de prisión y sigue hostigando y amenazando.

¿Cómo incide en comportamientos violentos la imagen de la mujer que proyecta el mundo cultural?

Esto entra dentro del campo de la violencia simbólica, que tiene una importancia enorme en términos de soporte de unos estereotipos. Son los mimbres de las propias violencias. La violencia simbólica en los medios de comunicación construye realidad, construye los elementos sobre los cuales chicas y chicos jóvenes construyen su masculinidad y su estar en el mundo y en las relaciones a través de esos modelos. Ahí la Ley Integral tenía todo un apartado de códigos de conducta, de regulación de los medios y de publicidad no sexista. Había unas mediadas que tenían que desarrollarse y que están todavía en pañales. Hay que hacer mucho más en esos ámbitos. Y también en el de las campañas y medios de prevención. Hace años realicé una comparativa entre las campañas de reclutamiento al ejército y las campañas contra la violencia machista. Al ejército se destinaban como cinco o seis veces más recursos económicos. Estas iniciativas deben ser elaboradas por todas las administraciones e ir mucho más allá del 25 de noviembre.

En los últimos tiempos se ha puesto el enfoco en la denuncia.

Es muy importante responder a las mujeres desde donde lo están necesitando. La violencia contra las mujeres es un delito grave, por lo que uno de los derechos es la denuncia y que estos hechos no queden impunes, que haya una pena y todo lo q implica el procedimiento penal. Pero entender la denuncia como la puerta de acceso a todos los recursos para las mujeres que han vivido violencias machistas es un error muy grave porque hay muchas mujeres, según las cifras oficiales el 75%, que no salen de esta violencia a través de la denuncia, sino desde la separación. ¿Qué hacemos con estas mujeres? El convenio de Estambul afirma que los estados deben proporcionar todos los mecanismos de atención, protección y sobre todo recuperación integral sin necesidad de la denuncia. A una mujer no le pueden pedir la denuncia y la orden de protección, como ha estado sucediendo en la Comunidad de Madrid, para ingresar en una casa de acogida, iniciar a un tratamiento psicológico o para acceder a una vivienda protegida.

¿Por qué se ha insistido tanto en que la mujer debe denunciar?

Es la manera, no casual, por la que el sistema patriarcal ha decido gestionar la respuesta a la violencia machista sin tambalear sus cimientos. Cuando esto lo reduces a unas mujeres que tienen que denunciar a unos agresores que son un grupo pequeño que entraría dentro del prototipo de delincuentes, de personas ajenas a la normalidad en la sociedad, mandas un mensaje que no corresponde con la violencia machista como fenómeno estructural que afecta potencialmente a todas las mujeres; de manera estimada, a una de cada cinco. En ese sentido, la respuesta del sistema penal es excepcional frente a un problema que se incardina en la normalidad de nuestra sociedad. Los responsables políticos repiten como un mantra que hay que denunciar, pero realmente así eluden cumplir con sus responsabilidades, porque el Estado no son solo jueces y policías. También los centros de salud, colegios e institutos, ayuntamiento. En todos esos campos está el 75% de las mujeres que, ahora mismo ¿dónde se quedan si no optan por la denuncia? La respuesta institucional tiene que adecuarse a los itinerarios de las mujeres e ir donde están ellas.

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