La reunión que han mantenido esta mañana el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el consejero autonómico de Presidencia, Justicia e Interior, Ángel Garrido, ha finalizado con una postura compartida que refleja que el acuerdo definitivo sobre una solución factible para el conflicto de la Cañada Real está muy cerca.
Este acercamiento se une a la coincidencia de puntos de vista sobre este tema que compartieron la semana pasada Manuela Carmena y Pedro del Cura en una visita realizada por la alcaldesa de Madrid a Rivas.
Tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento ripense se han lanzado mensajes de consenso sobre las cuestiones fundamentales como son la aplicación de la disciplina urbanística, la defensa del derecho a la vivienda (aunque no a la propiedad) de las familias que hubieran llegado antes de 2011, la aplicación de mano dura contra la delincuencia e las ilegalidades que se dan en Valdemingómez y la reordenación urbanística de la zona.
«Estamos satisfechos de lo hablado con el consejero Garrido. De hecho es la primera vez en muchos años que vemos factible a corto plazo una solución que cuente con el acuerdo de todas las administraciones implicadas», ha explicado Del Cura a la salida de la reunión.
LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
La delegación de Rivas que ha asistido al encuentro ha puesto de manifiesto que su postura se basa en el cumplimiento estricto de la ley en lo que respecta a los terrenos sometidos a afecciones y servidumbres: los espacios con instalaciones de alta tensión, gaseoductos, por dónde pasa el trayecto del AVE, etc., no son urbanizables. De igual modo, el alcalde de Rivas ha insistido en que debe desmantelarse el mercado de la droga en el que se ha convertido Valdemingómez.
Por otro lado, Rivas defiende que debe primar el derecho a la vivienda y no a la propiedad para todas las familias que se instalaron en la Cañada Real antes de 2011, tal y como marca la Ley regional.
Finalmente, el alcalde ripense ha recordado que los realojos que se produzcan, y con los que se debe dar respuesta a todas las personas que lo requieran, tendrán que ser repartidos de forma proporcional por toda la región.
De su financiación se ocupará mayoritariamente la Agencia Social de la Vivienda, que es el organismo competente de la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid en su territorio. «Rivas asumirá los que le correspondan pero teniendo en cuenta todo lo ya asumido durante estos años», ha concluido.
Por último, se ha insistido por las dos partes en que el acuerdo final deberá ser ratificado, en un plazo no superior a dos meses, en la Asamblea de Madrid. Éste se basará en un documento, consensuado previamente entre todas las administraciones implicadas, que se plasmará en el Pacto Regional por la Cañada.
