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El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha impugnado la orden de la Comunidad de Madrid por la que la Consejería de Educación autoriza la apertura de un centro educativo privado de carácter ultracatólico en el municipio.
El Gobierno regional autorizó la construcción del centro, denominado Santa Mónica, en la parcela situada entre las calles María Teresa León y Margarita Duras, pese a la advertencia del Consistorio ripense sobre la imposibilidad de instalar allí el centro privado dadas las actuales condiciones urbanísticas de dicho solar. La zona pertenece al sector B, denominado ‘Cristo de la Victoria’, y su Plan Parcial se aprobó en 2006, hecho del que tiene conocimiento el Gobierno regional.
Desde el Consistorio ripense se recuerda que la construcción del centro en esta zona es incompatible con las prescripciones urbanísticas del planeamiento en vigor, por lo que el Ayuntamiento de Rivas no puede otorgar la licencia municipal.
Por otro lado, la sociedad promotora del colegio, vinculada al movimiento conservador del Camino Neocatecumenal, ha solicitado al Consistorio licencia urbanística para la instalación de unos barracones provisionales en el número 3 de la calle de Las Trece Rosas, una ubicación distinta a la que autoriza la Comunidad de Madrid en su orden.
Esta circunstancia contraviene el Decreto 19/2010 sobre la modificación de autorizaciones administrativas, una circunstancia que se hace notar en el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rivas ante la Comunidad de Madrid. En el articulado de dicho decreto se establece que «el cambio de domicilio del centro por traslado de instalaciones dará lugar a una nueva autorización».
Asimismo, en el escrito elaborado por los servicios jurídicos municipales se recuerda que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha vulnerado su propia normativa al no comunicar al Ayuntamiento ripense el procedimiento de solicitud que se estaba tramitando».
El pasado 16 de abril, el departamento que dirige la consejera Lucía Figar publicó en la web de la Comunidad de Madrid una nota informando de la incorporación a Rivas de un colegio concertado de ideario católico para el curso 2014-2015 con una oferta de 210 plazas de educación infantil, primaria y secundaria.
«Esta forma de proceder conculca los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional que rigen las relaciones entre Administraciones públicas si tenemos en cuenta que el representante municipal en el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) forma parte junto al representante de la administración autonómica del Secretariado del SAE, órgano ejecutivo de todo el proceso de escolarización», denuncia Curro Corrales, concejal de Educación de Rivas.
SIN REQUISITOS PARA LA APERTURA
La autorización concedida, además, otorga a la sociedad promotora del colegio facultades relativas al servicio público educativo sin reunir previamente las condiciones exigidas en el plano legal para ello. «El centro autorizado no cuenta con los requisitos mínimos para su apertura ni para iniciar su funcionamiento. Las deficiencias observadas son fehacientemente insubsanables, y la autorización de la Consejería lesiona gravemente los derechos del alumnado afectado por el proceso de escolarización en dicho centro», se advierte desde el Ayuntamiento de Rivas.
«La autorización de apertura del centro docente privado incurre en diversas causas de nulidad de pleno derecho y, por ello, esta Corporación local reclama a la administración regional que inicie un expediente de extinción o revocación de la autorización otorgada», añade el concejal de Educación.
Los datos relativos a la escolarización en centros educativos públicos de Rivas reflejan elevados y saturados ratios en las etapas de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, lo que apunta a la necesidad de un nuevo centro público para el curso 2015-2016. El centro ultracatólico Santa Mónica, por su parte, ha recibido menos de la mitad de solicitudes que plazas había ofertado.
«La autorización que concede la Comunidad vulnera los derechos y libertades de padres y madres del alumnado, pues con esta forma indebida de plantear la oferta pública de un centro docente que no va a existir se pisotea el derecho de las familias a que las y los menores reciban una educación con la máxima garantía de calidad», concluye Curro Corrales.
