El Ayuntamiento de Rivas manifiesta su estupor ante el anuncio que ha realizado la Comunidad de Madrid de aprobar y presentar el próximo 9 de mayo el ‘Acuerdo marco sobre la Cañada Real’.
El texto definitivo, cuyo contenido se ha filtrado antes a los medios de comunicación que a los ayuntamientos implicados (en el Consistorio ripense el documento se ha recibido a las 9.45 de esta mañana), no cuenta con las principales aportaciones alternativas presentadas por el Ayuntamiento de Rivas ni con la firma de la administración municipal.
El 61% de las 1.132 personas que residen en el tramo de la Cañada que corresponde a Rivas sufren situaciones de exclusión social y no podrían regularizar su vivienda
Pese a que en los dos últimos años se han realizado numerosas reuniones de trabajo de representantes políticos y técnicos de ambas administraciones, y que durante el mismo periodo tiempo se han manejado varios borradores, el Ejecutivo de Ignacio González «parece que ha optado por una operación cosmética que no va a cerrar la ‘herida abierta’ por el mayor asentamiento ilegal y el más grave problema de exclusión social que sufre la región de Madrid», ha afirmado Fausto Fernández, concejal de Urbanismo de Rivas.
LA COMUNIDAD SE LAVA LAS MANOS
Desde el Ayuntamiento de Rivas se alerta sobre el gravísimo problema social, urbanístico y de seguridad ciudadana que supone para la Comunidad de Madrid tener desde hace décadas a miles de personas en un asentamiento ilegal en el que la mayoría de sus moradores sufren exclusión social.
«Con este texto, la Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no van a poder optar a la legalización de sus viviendas porque no disponen de los recursos económicos para hacerlo», aclara Fernández.
La Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no podrán optar a la legalización de sus viviendas
En el texto alternativo propuesto por Rivas y enviado el pasado 21 de septiembre a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia, el Ayuntamiento ripense proponía: «de aquellos residentes que no puedan optar a sus viviendas el Consorcio se responsabilizará de su realojo».
El texto definitivo que ha enviado esta misma mañana la Comunidad al Ayuntamiento, y que elimina la figura del Consorcio, dice en cambio: «La entidad u órgano que proceda procurará un mecanismo de realojo a aquellos residentes censados en su día por la Ayuntamientos, que cumplan los requisitos, pero cuya vivienda no reúna condiciones de habitabilidad».
LA MAYORÍA DE LOS EXCLUIDOS, EN EL OLVIDO
«Entonces», se pregunta el edil de Urbanismo de Rivas, «¿quién va a reubicar a los que no cumplan con los requisitos? ¿Y quién se ocupará de los que reuniendo los requisitos y pudiendo legalizar su vivienda no dispongan de recursos para hacerlo?». Y concluye: «¿Ha pensado la Comunidad responsabilizarse de la situación de miles de personas que no están censadas por los ayuntamientos y que se han asentado en los márgenes de los 70 metros de ancho que ocupa la antigua pecuaria».
El Ayuntamiento entiende que la Comunidad ha preferido atender las necesidades de una parte de las personas que habitan la Cañada Real, muchos de ellos propietarios de chalés ilegales
El Ayuntamiento de Rivas entiende que la Comunidad ha preferido atender las necesidades de una parte de las personas que habitan la Cañada Real, muchos de los cuales son propietarios de chalés ilegales. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana», resume Fausto Fernández.
De las 293 familias que han sido censadas en la parte de la Cañada Real que corresponde a Rivas (sectores IV y V) el 27’6% son beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción; el 13’6% la ha solicitado y se la están tramitando y el 8’8% recibe ayudas de los Servicios Sociales de Rivas.
De acuerdo con los informes realizados por los mismo Servicios Sociales, 700 de las 1.132 personas que están censadas en la Cañada ripense sufren en distinta medida situaciones de exclusión social. Con estos datos en la mano parece difícil que estas familias dispongan de la capacidad económica para comprar el suelo y adecuar sus viviendas a las condiciones que exija su legalización.
El Ayuntamiento ripense lamenta la forma en la que la Comunidad de Madrid ha gestionado este conflicto y se reserva la capacidad de defender los derechos tanto de su ciudadanía, que ha tenido que convivir durante décadas con un grave problema social a la puerta de sus casas, así como los de las personas que están malviviendo allí y ven vulnerados a diario sus derechos fundamentales.
